Divididos, con una estrecha mayoría (6-5), el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo mediante el cual se determinó posponer de forma temporal el desarrollo del proceso de revocación de mandato a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las firmas y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, justificó los alcances: Obtener una solución jurídica. Queda claro que con los recursos que tiene el INE (este ejercicio) no se puede hacer como lo pide la ley.

Polémica determinación que fue repudiada por Morena, cuyo representante, Mario Llergo, acusó a los consejeros de hacer todo lo posible para torcer la ley e intentar, por todos los medios, hacer tropezar la revocación de mandato. Decisión que también recibió cuestionamientos de los propios consejeros, como Adriana Favela, quien advirtió que el INE no había explorado todas las alternativas para reducir costos y ajustar su presupuesto para seguir adelante.

Una postura contrastante con los consejeros que aprobaron la resolución. No se pueden sacrificar los candados que nos dan certeza y legalidad, planteó Jaime Rivera, quien explicó que lo más costoso del ejercicio es la capacitación de funcionarios de casilla, por eso es inviable continuar en enero, dado que hay que contratar personas. Ciro Murayama lanzó: No nos pidan que hagamos remedios de procedimientos. Aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno.

Sesión de un intenso cruce de acusaciones entre consejeros y representaciones partidistas, con respaldo de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano al acuerdo, ante el asedio que resiente el instituto.

Córdova justificó la determinación ante un déficit de 2 mil 327 millones de pesos que hace inviable que el INE continúe la organización del ejercicio. Quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este consejo general.

Más adelante, el diputado morenista César Hernández, si bien secundó las críticas hacia la decisión del INE de su correligionario y emplazó a los consejeros a abandonar su pretensión de postergar, cancelar o suspender las tareas de revocación de mandato, abrió la puerta para revisar los recursos con los que cuenta el instituto para organizar el ejercicio.

Un ofrecimiento que en medio de la refriega discursiva dio paso a que Córdova abriera un resquicio rumbo al diálogo que podría ayudar a encontrar una solución, pues el objetivo central del acuerdo es obtener una salida jurídica. Si la Cámara de Diputados reconsidera la decisión presupuestal en 2 mil millones de pesos, el INE podría seguir viendo cómo acercarnos. No es sencillo, pero demostraría voluntad de acercamiento o con una instrucción presidencial puede ordenar que se nos generen las ministraciones necesarias, si realmente se quieren salidas a la revocación de mandato.

Murayama había expuesto que el acuerdo buscaba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre la situación ante un eventual recurso. Si el TEPJF se pronuncia, podremos tener claridad, si nos dice que con estos recursos hay que hacer el proceso aunque no se cumplen estándares, a nadie nos gusta, pero con orden judicial no quedará de otra.

El consejero Uuc-kib Espadas describió la desmesura del recorte, al señalar que aun sin pagar un centavo a consejeros y altos cargos del área ejecutiva se necesitan 162 años para cubrir los costos de la consulta. Aunque indicó que hay un embate contra el INE, aseveró que la salida institucional no puede ser suspender la organización cuando estamos, como dijo la Corte, ante hechos futuros de realización incierta.

Con los votos de Córdova, Murayama, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña, así como la oposición de Favela, Espadas, Carla Humphrey, Martín Faz y Norma de la Cruz, se aprobó la suspensión de actividades de la revocación de mandato con excepción de la verificación de firmas.