Buenos Aires. La oposición derechista, ultraderechista y los diputados de la izquierda trotskista votaron ayer contra el presupuesto para 2022, presentado por el gobierno del presidente Alberto Fernández, con lo que pusieron en práctica su anunciado plan de golpear para debilitar a esta administración, en el contexto de negociaciones oficiales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de 57 mil millones de dólares entregado por este organismo al ex presidente Mauricio Macri, a sabiendas de que no lo podría pagar, para ayudarlo en su campaña hacia una posible relección.

Fue la primera vez, desde la recuperación de la democracia en 1983, que se rechaza un presupuesto, aunque en 2010 no hubo quórum para votarlo, en otro juego de la oposición en el Congreso, que había ganado la coalición derechista Cambiemos, tratando de debilitar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sin embargo triunfó en las elecciones presidenciales de 2011 con 54 por ciento de los votos.

El heterogéneo conglomerado opositor está compuesto mayoritariamente por la coalición macrista Juntos por el Cambio (Cambiemos), y tiene apoyo en 10 bancadas, como el Frente Federal y el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que siempre termina por favorecer a la derecha, y votó contra el presupuesto, al igual que dos grupos políticos de una ultraderecha minoritaria que se considera libertaria. Fue evidente que se trató de impactar negativamente las negociaciones del gobierno con el FMI y golpear toda la iniciativa gubernamental.

Sin embargo, el gobierno tiene la posibilidad de continuar con el presupuesto actual el próximo año, y el presidente Fernández habló esta tarde con las autoridades del FMI, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el mandatario y se mantuvo en comunicación con el fondo, que ha reconocido que con ese préstamo a Macri se violaron las normas de ese organismo.

En tanto, en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, también dividida, en estos días, fue elegido Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, acusado por mantener detenida desde 2016 a la dirigente social Milagro Sala y a otras militantes de la organización Tupac Amaru, manejando la justicia en su provincia mediante causas falsas. Morales está acusado de corrupción y persecución, entre otros delitos.

En tanto, la población de la provincia sureña de Chubut se movilizó en una fuerte rebelión contra la ley que autoriza la explotación minera por empresas trasnacionales en ese territorio. Unos 16 edificios públicos fueron incendiados, incluso se intentó quemar la sede gubernamental al exigir el veto a la norma promulgada por el gobierno de Mariano Arcioni, quien ordenó la represión contra los pobladores, que dejó heridos y detenidos, mientras las movilizaciones continúan en toda la provincia.

Los medios locales reflejan que hay puertas destrozadas, archivos quemados, computadoras, fotocopiadoras y muebles arrojados a las calles, ya que varios edificios fueron tomados.

Rawson, la capital de Chubut, fue la que sufrió mayores daños tanto en el Tribunal Superior de Justicia y otros edificios públicos, incendiados por los ambientalistas. La situación grave continuaba esta noche, mientras la población está dispuesta a continuar su protesta porque se trata de defender el agua y otros recursos amenazados. Los ambientalistas llamaron traidor al gobernador Arcioni, quien se comprometió a impedir el ingreso de las grandes mineras a su provincia.