Xalapa, Ver., Por 31 votos a favor y 14 en contra –del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC)–, la mayoría de Morena en el Congreso estatal aprobó reducir en 50 por ciento el financiamiento que se otorga a los partidos políticos. La reducción se hará efectiva a partir del 1º de enero de 2022.

La aprobación del dictamen impulsado por Morena tuvo lugar después de un intenso debate legislativo, en donde la oposición consideró que la iniciativa es una simulación de austeridad y una ocurrencia disfrazada de buenas intenciones.

La diputada de MC Ruth Callejas Roldán, señaló que es inconstitucional la reducción de 50 por ciento, pues la Constitución establece como parte de la fórmula multiplicar el número de electores por el 65 por ciento de Uma (unidad de medida y actualización).

Es una simulación más

Es una simulación más, lo ideal sería eliminar el financiamiento público a todos los partidos, pues así todos tendrían piso parejo, dijo Callejas; agregó que MC ha propuesto quitarlo, y que los partidos se sostengan de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

La legisladora dijo que la propuesta de reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos nacionales “no es una solución para reducir el costo de la democracia, en realidad es simular austeridad ante la opinión pública (…) porque aún con la reducción a la mitad, Morena será el partido que más reciba prerrogativas a nivel nacional y local”.

El diputado panista Enrique Cambranis Torres pidió a Morena esperar a enero para votar el dictamen, y así no incurrir en un acto inconstitucional.

La propuesta de Morena no significa un avance, es una ocurrencia disfrazada de buenas intenciones, la pretensión es debilitar a la oposición, mermando su esencia como entidades de interés público, y dar paso a la centralización de la democracia a manos de un sólo grupo, manifestó.

Previo a que se sometiera a votación el acuerdo, la coordinadora del PRI, Anilú Ingram Vallines, pidió retirar del orden del día el dictamen, pues la ley establece que no se puede modificar la legislación hasta concluir el proceso electoral en curso.

El priísta Marlon Ramírez se pronunció en el mismo sentido, al recordarles a los diputados de Morena que su obligación es modificar las leyes con base en la Constitución local, y no es posible jurídicamente que la ley se cambie sin que lo revise la Corte.