Con los tiempos encima para organizar la consulta ciudadana, en la que se conocerá la opinión de los votantes sobre la posible revocación de mandato del jefe del Ejecutivo federal, particularmente para iniciar la capacitación de funcionarios, para el Instituto Nacional Electoral es imperativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a la brevedad el fondo de la controversia constitucional y defina los recursos financieros con los que contarán o si pueden organizar sin los requisitos que obliga ahora la ley para instalar 161 mil 490 casillas. De no ocurrir, se advierte el riesgo de la paralización en enero ante la incertidumbre presupuestal.

Así lo vislumbra el máximo responsable ejecutivo de la organización y ejercicio presupuestal: el secretario Ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina, para quien ni con eventuales ahorros en salarios ni el uso de recursos de fideicomisos alcanzan ante un déficit de 2 mil 327 millones de pesos, pues sólo cuentan con mil 503 millones de pesos, de los 3 mil 880 requeridos. El punto ha llegado a una encrucijada legal: tenemos un boquete muy grande, por más que hagamos ajustes, tendríamos que paralizar todas las actividades del INE para atender la (consulta sobre) revocación de mandato en esas condiciones.

Quieren parar en febrero

En este contexto, el INE discutirá hoy un proyecto de acuerdo mediante el cual, una vez concluida la verificación de las firmas de apoyo (el 4 de febrero) se determina posponer de forma temporal el desarrollo del proceso a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las rúbricas de apoyo ciudadano y la entrega del informe relativo.

Los alcances del acuerdo establecen que la posposición de forma temporal se mantendrá hasta en tanto la SCJN resuelva la cuestión planteada o las instancias competentes le generen a este instituto los recursos suficientes originalmente solicitados para llevar a cabo dicho ejercicio ciudadano conforme a lo previsto en la ley y que ha quedado fundado y motivado.

Para el secretario, esta condición financiera y los tiempos que corren, el INE debe contar en enero con alguna resolución del Poder Judicial, sea que la Corte resuelva el fondo de la controversia o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante una decisión del órgano electoral respecto a la organización, intervenga y resuelva un punto medular: si el instituto está obligado, sin recursos, a colocar el mismo número de casillas que se instalaron en la elección de 2018, como lo dispone la ley.

En entrevista, Jacobo advierte que los plazos corren y los tiempos para la complejidad de este proceso, pues en los primeros días de enero debe lanzarse la convocatoria para contratar a 37 mil 849 supervisores y capacitadores electorales. Si sacamos una convocatoria pública para contratar y les dices que los contratas por 70 días y a los 15 días no hay dinero para pagarles menudo lío hasta una demanda laboral puede enfrentar. Incluso en el supuesto de dejar de pagar a consejeros y altos cargos ejecutivos, hablamos de decenas de millones de pesos de ahorro, frente a miles de millones de pesos de recorte.

En cuanto a fideicomisos, más allá de la complicaciones jurídicas y gastos comprometidos para retiros voluntarios del personal y construcción de edificios, no hay más de 200 millones de pesos disponibles.

–¿Cuál es el plazo máximo para la definición?

–Si me lo pregunta a mí que me toca la operación, diría que fue ayer. Lo ideal sería que se resolviera durante diciembre, pero, en el extremo, en la primera semana de enero, porque si no ya no salimos

–Ni siquiera aguantaría a terminar el plazo de revisión de firmas.

–No, porque ese plazo está previsto en febrero.

–¿Estos mil 503 millones se empezarían ejercer o esperar hasta que la Corte defina?

–Hay una deliberación al interior del INE. Unos consideran que no podríamos hacer un ejercicio de esta naturaleza contraviniendo lo que está en la ley. Hay quienes dicen, hagamos lo que podamos, pero eso sería contravenir la ley.