l pasado 13 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó un informe de las actividades y logros alcanzados en tres años del gobierno de la transformación.
Con la llegada de este gobierno la centralidad está en fortalecer las capacidades institucionales e instaurar a los derechos humanos como una política de Estado, romper con las inercias y abrir el camino para establecerlos como parte nodal de la agenda pública. Se han construido instituciones y emprendido acciones para responder a las demandas de las víctimas y sus familias. La atención se concentra en los actos atroces del pasado y del presente, pero también en combatir la corrupción y la impunidad imperante en las instituciones. Se reconoce la grave crisis en desaparición y no localización de personas, la violencia de género, la crisis migratoria, el derecho de las personas a la identidad y la violencia contra niños y adolescentes, la cual se agudizó en la pandemia por Covid-19.
Se impulsa a los gobiernos locales para crear rutas de prevención y atención inmediata en los temas más relevantes: la búsqueda de personas, el enfoque de la migración humana, el respeto a la labor periodística y de defensa de los derechos humanos, las reparaciones y soluciones amistosas, el derecho de todas las personas a la identidad, el desplazamiento forzado interno, las violencias contra niñas y mujeres, y el pleno ejercicio de sus derechos, así como la lucha contra la discriminación, sobre todo a los grupos históricamente discriminados, la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo el desarrollo de un engranaje institucional que permita la verdadera transversalidad de los derechos humanos. En todas estas temáticas se ha tenido un diálogo con la ciudadanía y se concretan proyectos de colaboración interinstitucionales.
Durante las etapas más duras de la pandemia de Covid-19 se elaboraron guías para la atención con perspectiva de derechos humanos, se mantuvo la atención en el Registro Civil, la búsqueda de personas, a personas privadas de su libertad y se atendieron quejas discriminación y solicitudes de refugio.
Se analizaron las graves afectaciones que el confinamiento ha tenido sobre niños y adolescentes derivado del Covid-19, su impacto frente a las restricciones de movilidad, la suspensión de clases, la violencia física, sicológica y sexual. Se registraron: 5.2 millones de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-21, 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar, las violaciones por parentesco alcanzaron 65.9 por ciento de los casos, el Renapo registró que cuatro de cada 100 nacimientos son de niñas madres menores de 17 años, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 a 6.9 por ciento (de 2018 a 2020) y aumentaron las desapariciones de adolescentes mujeres entre 15 y 17 años.
En la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) los representantes acudieron a 13 estados; sostuvieron reuniones con 80 autoridades de los tres poderes, con órganos autónomos y familiares y colectivos de las víctimas; con 33 colectivos, acompañaron tres búsquedas y una exhumación. El comité reconoció la apertura del gobierno de México por asumir como prioridad la atención a la desaparición de personas y los avances en el registro de personas desaparecidas, el fortalecimiento de las capacidades y el protocolo homologado de búsqueda, la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, los centros de resguardo e identificación humana, así como el establecimiento de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Imposible reseñar en este espacio el conjunto de acciones y logros de una subsecretaría que abarca el amplio espectro de los derechos humanos, el informe puede consultarse en https://bit.ly/3GKyPSy.
A tres años de gobierno, se confirma el compromiso con una transformación profunda, el énfasis en el segundo tramo del camino está en continuar con las investigaciones en la comisión de Ayotzinapa y de la del periodo conocido como guerra sucia; revertir la crisis forense y crear el centro de identificación humana; concretar el programa de reparaciones y reformar la Ley General de Víctimas; crear el sistema de protección contra la violencia contra mujeres y niños; replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el sistema de prevención y protección; enfrentar el desplazamiento forzado interno, protección complementaria a personas refugiadas, abatir violencia sexual combate al embarazo infantil y matrimonio forzado; resolución de conflictos territoriales de comunidades indígenas; consolidar la cédula única de identidad y abatir la impunidad.
* Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108
