a crisis de desaparición en México sigue recrudeciéndose. En días recientes, una nueva investigación periodística ha revelado una veta más de esta tragedia que evidencia una escandalosa trama en la que se entreveran el cinismo, la corrupción y el uso indebido de la función pública, para beneficiar a un puñado de personas, a costa del dolor las víctimas relacionadas con las más de 95 mil personas desaparecidas en el país. Traficantes de ADN se titula la investigación que el portal periodístico Pie de Página publicó el pasado domingo que ha puesto al descubierto una de las maneras en que en el país hasta la justicia se mercantiliza, se vende y es rentabilizada por algunos.

La historia que cuentan las periodistas Paula Mónaco y Wendy Selene Pérez en dicha investigación, se inicia en 2009 cuando la FBI le dona al gobierno mexicano el programa informático denominado Sistema Índice Combinado de ADN, en el marco de la Iniciativa Mérida para combatir el crimen organizado. Dicho sistema contiene más de 69 mil 300 perfiles genéticos recabados desde 2004 y están bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación recoge los testimonios de numerosas víctimas, familiares de desaparecidos, que cuentan el sospechoso caso de la empresa Central ADN, que ofrece sus servicios de identificación forense a las víctimas de manera gratuita, mostrando tener acceso a los expedientes de investigación de las personas desaparecidas y a la base de datos genéticos bajo resguardo de la FGR. A cambio del supuesto servicio gratuito, que a la postre no les reporta ningún resultado positivo, piden a las víctimas que hablen bien de sus laboratorios ante las autoridades. Dicho modo de proceder referido por los familiares de desaparecidos suscita de inmediato un motivo de preocupación mayúscula: ¿cómo es posible que una empresa privada haya tenido acceso a datos genéticos en posesión del Estado?

La investigación pone al descubierto, a partir de solicitudes de transparencia, la firma de tres contratos de Central ADN con autoridades estatales a las que ofrecen servicios de capacitación y de identificación de restos forenses, a cambio de una copia de la base de datos genéticos; misma que, de acuerdo con el contrato, almacenarían entre uno y cinco años. Los estados que contrajeron esos contratos son Morelos, San Luis Potosí y Coahuila, gracias a los cuales la empresa aumentó su capital de 100 mil pesos a 9.5 millones de pesos en ocho años.

Es cierto que en México está en curso la construcción de un mecanismo extraordinario de identificación forense, que contempla la posibilidad de contratación de empresas privadas para la consecución de sus objetivos; y es bien sabido, también, que la identificación forense tiene un alto costo económico; pero lo que no podíamos imaginar era que hubiese personas, ex funcionarios y empresarios, para quienes la identificación forense pudiera representar un negocio de ganancias millonarias, conseguidas al costo de desplazar por completo del centro de interés a las víctimas y los procesos de verdad, justicia y reparación.

Tres son los principales nombres conocidos en esta trama: Hugo Scherer Castillo, vinculado a Salinas de Gortari y al ex consejero jurídico de López Obrador, y ex pareja de quien fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2015; Héctor Díaz-Santana, ex fiscal federal de delitos electorales en la contienda presidencial de 2018, y Roberto Cabrera Alfaro, ex coordinador de estrategias del Sistema de Seguridad Pública y primer Comisionado Nacional de Búsqueda. Los tres aparecían como accionistas y directivos de la empresa, pero sólo el último de los mencionados, hoy se encuentra vinculado a procesos judiciales, acusado de ejercicio indebido de la función pública.

En tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la crisis de desaparición se encuentra lejos de una solución. En el gobierno de la 4T se tiene registro de más de 24 mil desaparecidos, que elevan a un total superior a 95 mil desaparecidos el registro histórico; 52 mil cadáveres sin identificar en fosas comunes y morgues; y más de 4 mil fosas clandestinas ubicadas.

La reciente visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio cuenta de que la crisis de desaparición en México es generalizada y cada día es agravada por la impunidad y la corrupción. A la ya de por sí escandalosa tragedia que representa la desaparición de personas, se suma la imperdonable afrenta que para las víctimas supone la inacción histórica de las autoridades, así como el tráfico de influencias, datos y los esquemas de corrupción que pretenden hacer de la identificación forense un negocio.

El estándar de la actuación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de todos los mecanismos y estrategias para la resolución de la crisis de desaparición en México debe ser: investigación, verdad, justicia y reparación. Por ello no se puede exigir menos que una investigación a fondo sobre los involucrados en esta trama organizada para lucrar con la investigación forense sin escrúpulos ni respeto por la dignidad e ilusiones de las víctimas. Se deben establecer con rigurosidad las medidas que cuiden el debido proceso para el cumplimiento de los objetivos del mecanismo extraordinario de identificación forense del país, poniendo auténticamente en el centro a las víctimas; de lo contrario, la obstrucción de la justicia y la corrupción seguirán profundizando la crisis de desaparición en el país y propinando un duro revés a la expectativa de la sociedad de acceder a procesos de verdad y justicia, que –no hay que olvidar– fue una de las motivaciones más importantes que trajeron al poder al actual gobierno.