Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, encaminada a reducir las muertes en accidentes de tráfico con medidas obligatorias en todo el país, como límites de alcohol y velocidad; uso del cinturón de seguridad; reglas para la expedición de licencias de conducir y sanciones, que incluyen su retiro temporal.

Se prioriza al peatón, quien tiene los mayores derechos en materia de circulación, así como discapacitados; después ciclistas y transporte de carga de alimentos y servicios, y al final, autos particulares.

Con 104 votos en favor y dos abstenciones, el pleno aprobó la nueva norma que establece límites de velocidad a nivel nacional para zonas urbanas y autopistas, así como los mecanismos que buscan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales.

El documento turnado a la Cámara de Diputados establece como límites de velocidad máxima en todo el país 30 kilómetros por hora en calles secundarias y terciarias; 50 en avenidas primarias sin acceso controlado; 80 en carriles centrales de avenidas de acceso controlado; 80 en carreteras estatales fuera de zonas urbanas y 50 dentro de zonas urbanas.

También establece 110 kilómetros por hora para automóviles, 95 para autobuses y 80 para camiones y traileres en carreteras y autopistas de jurisdicción federal. Ninguna intersección, independientemente de la naturaleza de la vía, podrá tener una velocidad de operación mayor a 50 kilómetros por hora en cualquiera de sus accesos.

En el nuevo ordenamiento se dejaron temas pendientes, como la regulación del doble semirremolque y el seguro de responsabilidad a terceros, pues al menos 15 entidades del país ya cuentan con esta obligación.

El dictamen destaca que desde 2015 se registran 378 mil 504 siniestros de tránsito por año en promedio, los cuales ocasionan alrededor de 16 mil muertes, es decir, 44 defunciones diarias, y cuatro de cada 10 son peatones. Tampoco establece la obligatoriedad de que todos los conductores y vehículos cuenten con un seguro de responsabilidad civil, por lo que legisladores de oposición calificaron de insuficiente la nueva ley, que no garantiza la reparación del daño para víctimas y sus deudos.