En un año, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) representó a 43 mil 957 personas en el Sistema Penal Acusatorio. De acuerdo con su más reciente informe 2020-2021, indica que en este periodo se detectaron y denunciaron 679 nuevos casos de actos de tortura o malos tratos y, a la fecha, se tiene un registro de 7 mil 779 posibles sucesos de este tipo en Guerrero, Veracruz, estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Chihuahua, por mencionar algunas entidades.

Los casos son identificados por defensoras y defensores públicos durante el desarrollo de las actas de entrevista, por manifestación en la audiencia inicial ante el juez de control, por lo contenido en los datos de prueba o por lo que detecten en las visitas a centros penitenciarios. Asimismo, se incluyen todos los supuestos en los que se advirtió de forma objetiva algún tipo de violencia, como tortura y malos tratos durante la detención o relacionado con las condiciones de internamiento, señala el documento.

Refiere que entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 el instituto presentó 2 mil 271 denuncias por actos de tortura y malos tratos, de las cuales 470 se identificaron conforme al protocolo de actuación para defensores públicos ante las agencias del ministerio público de la Federación previo a la judicialización de los casos, mientras que mil 801 fueron identificados a través de reportes elaborados por los representantes del IFDP.

De la totalidad de denuncias presentadas, en 194 casos ya existía una averiguación previa o carpeta de investigación; en 222 se inició la investigación a raíz de la denuncia y en mil 855 no se tiene respuesta a la denuncia presentada. En 27 casos se tiene conocimiento de que las autoridades investigadoras determinaron el no ejercicio de acción penal.

En su informe, el IFDP detalla que, siguiendo con la implementación de litigios estratégicos para impulsar la generación de criterios jurisdiccionales en materia de combate a la tortura y malos tratos, a la fecha se han presentado, en favor de 240 personas (19 mujeres y 221 hombres), 195 demandas de amparo indirecto en 23 circuitos judiciales distintos, relacionadas con la omisión de investigar este tipo de actos con debida diligencia y en un plazo razonable por autoridad competente especializada.

“En 189 demandas se reclamaron omisiones de la FGR (Fiscalía General de la República) y en seis asuntos de las fiscalías de los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. En estos juicios se solicitó la suspensión del acto reclamado, que fue otorgada en 112 casos para efectos de que las autoridades responsables realicen las diligencias mínimas de investigación, o bien, para que remitan la investigación a la fiscalía especializada competente.

De estas demandas, 177 fueron presentadas bajo la figura del interés legítimo por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, para acudir al amparo en beneficio de personas sobrevivientes de tortura. Las 18 restantes fueron presentadas en representación directa de la persona sobreviviente de tortura.