Bogotá. El tribunal de paz de Colombia informó ayer que 21 militares y un civil reconocieron su responsabilidad en 247 casos de falsos positivos, como se denomina a las ejecuciones extrajudiciales de civiles falsamente presentados como guerrilleros muertos en combate con el ejército.

Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos, indicó por escrito al tribunal el general retirado Paulino Coronado, el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad.

Según el tribunal, como comandante de la Brigada 30, Coronado tuvo conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, pero no actuó para prevenirlas. Coronado ofreció a las víctimas su absoluta disposición para contribuir con el esclarecimiento de la verdad como medio reparador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal creado para investigar y sancionar los hechos cometidos en el largo conflicto armado interno luego del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado hace cinco años. Además de los ex combatientes, la JEP escucha a militares y civiles que tuvieron parte en el conflicto.

En julio de este año, la JEP acusó por primera vez a 26 militares por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por el asesinato y desaparición de 247 personas mediante la figura de falsos positivos en batallones ubicados en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y la Costa Caribe entre 2002 y 2008.

Sólo dos imputados no aceptaron los cargos: los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, por lo que se convertirían en los primeros ex militares en ser enviados a juicio y que podrían recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.

“Hemos avanzado de manera sostenida en investigaciones sólidas con pruebas irrefutables, que han llevado en este caso de los denominados ‘falsos positivos’ a una aceptación de 84 por ciento de los imputados”, indicó a la prensa el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Tras aceptar su responsabilidad por los crímenes cometidos, los militares comenzarán un proceso ante la justicia para reparar los daños y el dolor causado a los familiares de las víctimas, que deberá ser acordado con ellas.

De acuerdo con las investigaciones de la JEP, la cifra de falsos positivos asciende a 6 mil 402, casi el triple de lo reportado por la justicia ordinaria.