La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos formalizó una petición a la Corte Penal Internacional para que investigue y sanciones 197 casos de tortura a 642 personas perpetradas por las fuerzas armadas y la Policía Federal entre 2006 y 2018, durante la llamada guerra contra las drogas. Al reprochar la omisión del Estado mexicano para actuar subraya que todos los expedientes están acreditados en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la solicitud para que intervenga el máximo organismo internacional en la materia, con sede en La Haya se destaca que los máximos mandos operativos y principales responsables de la aplicación de la estrategia de seguridad del Estado mexicano actuaron con conocimiento de que los actos realizados por elementos de las tropas bajo su mando se inscriben en la implementación de una política comunicada por el comandante supremo de las fuerzas armadas, en ese lapso.

En la denuncia se acredita la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes se encontraban al frente de unidades, zonas o regiones militares que son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad. Reconoce que el gobierno actual ha admitido que pasadas administraciones justificaron en el combate al narcotráfico, violaciones a derechos humanos con resultados catastróficos para la seguridad y garantías individuales.

Los 197 casos comprenden 642 personas sometidas a tortura, ocurridos en 26. Las conductas que se hallan documentadas en las recomendaciones de la CNDH fueron notificadas y, a excepción de la recomendación 087/2011, todas ellas fueron aceptadas por las autoridades señaladas como responsables.

La CMDPDH subraya que “existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura como crimen de lesa humanidad en México, en el contexto de la guerra contra las drogas iniciada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006”. El despliegue de fuerzas ordenado entonces se tradujo en el aumento en los casos de detención arbitraria, tortura sexual, desapariciones y asesinatos enmarcados en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Al detallar las instancias responsables en la tortura, la organización subraya que en 97 recomendaciones, asociadas a 313 personas, fueron cometidos por elementos del Ejército; en 48 más donde se torturó a 162 personas, fueron elementos de la Marina y en 61 casos, que afectaron a 203 víctimas, involucraron a integrantes de la Policía Federal.

“ Es importante remarcar que la política empleada por los agentes de seguridad del Estado revela un ataque planeado, dirigido y organizado en contra de la población, ya que existen distintas directivas y órdenes gubernamentales que dan cuenta de ello, así como un patrón en las conductas criminales, mismas que se producen de manera reiterada, lo cual hace descartar que se trate incidentes aislados o producidos al azar.

El carácter generalizado y sistemático de las conductas criminales de los cuerpos de seguridad se evidencia en la recurrencia con la que los actos de tortura fueron acompañados de otros crímenes: privación grave de la libertad, la desaparición forzada, y el asesinato.