La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra de la Ley Orgánica de la Armada de México (LOAM), pero rechazó la petición de los legisladores para dar a este asunto el carácter de prioritario.

Diputados de PAN, PRI, PRD y MC presentaron una solicitud en la cual denuncian que las reformas a dicha ley, promulgadas el 14 de octubre pasado, serían parte de la escalada de la militarización en el país, al otorgar legalmente a la Secretaría de Marina (Semar) facultades en el control de los puertos.

Los legisladores impugnaron los artículos 2, 4, 29 y 38 de la LOAM, que faculta a la Semar a controlar el tráfico naval y asumir la seguridad de los puertos, para lo cual crea la Unidad de Policía Naval y la Unidad de Inteligencia Naval.

El acuerdo emitido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a quien tocó por turno hacerse cargo del asunto, informó que la acción de inconstitucionalidad fue admitida con el registro 172/2021, y que se rechazó la petición de darle trámite prioritario.

En relación con que el presente asunto se substancie y resuelva de manera prioritaria atendiendo al interés social y el orden público, los promoventes no están legitimados para hacer esa petición, señaló.

Conforme al artículo 94 de la Constitución, únicamente el Presidente de la República tiene atribuciones para solicitar a la SCJN que dé atención prioritaria a alguno de los asuntos bajo su jurisdicción, por lo cual los diputados no tenían legitimidad para pedir que se diera esta calidad a su acción.

Al admitir a trámite el juicio constitucional, se emplazó al presidente de México, así como a las cámaras de Diputados y Senadores, para que en los próximos 15 días rindan un informe sobre los procedimientos que siguieron para aprobar y publicar la ley impugnada.

El acuerdo añade: Se apercibe a dichas autoridades que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa.

La SCJN ha acumulado ya varios juicios constitucionales que combaten las labores que realizan las fuerzas armadas en diversas tareas que consideran ajenas a su naturaleza militar, como seguridad pública, construcción y administración de infraestructura pública. Entre ellas, impugnaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y amparos contra el Tren Maya, todos los cuales se resolverán el año próximo.