Rangún. La líder derrocada de Myanmar Aung San Suu Kyi fue condenada ayer por la junta militar a dos años de prisión por incitar al desorden público e infringir la normativa contra la pandemia, sentencia que desató críticas internacionales.

Suu Kyi fue condenada inicialmente a dos años de cárcel por incitación al desorden público contra el ejército, y a otros dos por infringir una ley sobre catástrofes naturales relacionada con la pandemia del Covid-19, declaró a la agencia Afp el portavoz de la junta Zaw Min Tun.

El ex presidente Win Myint también fue condenado inicialmente a cuatro años por los mismos cargos.

Sin embargo, poco después, el jefe de la Junta, Min Aung Hlaing, perdonó las condenas de ambos concernientes al ejército, según una declaración leída en la Tv estatal.

La Nobel de la Paz, de 76 años, fue detenida en cuanto los militares derrocaron su gobierno el 1º de febrero, lo que puso fin a un breve periodo de democracia en esta nación asiática.

Desde entonces, la junta estableció una serie de acusaciones contra ella, que incluye violación de la ley de secretos oficiales, corrupción y fraude electoral.

Expertos denunciaron que este es un proceso político para neutralizar a la dirigente, quien resultó ganadora en los comicios de 2015 y 2020.

Exigimos al régimen liberar a Aung San Suu Kyi y todos los demás detenidos injustamente, incluyendo funcionarios electos democráticamente, sostuvo el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció un juicio amañado y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló que este es un nuevo paso en el desmantelamiento del estado de derecho.

El comité que concede el Nobel de la Paz manifestó su preocupación por Suu Kyi tras un juicio inverosímil.

Los cargos por incitación están relacionados con las declaraciones de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), en las que condenó el golpe de Estado.

Las acusaciones relacionadas con la pandemia conciernen a las elecciones del año pasado, en las cuales arrasó el partido de Suu Kyi, pero los detalles no están claros, ya que el gobierno impone una orden de silencio en los procesos judiciales.

Los periodistas no tienen acceso al tribunal especial y los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con la prensa.

En las últimas semanas, otros miembros de la LND fueron condenados a duras penas de cárcel.

Un ex ministro fue sentenciado este mes a 75 años de prisión y un allegado de Suu Kyi deberá pasar 20 años en la cárcel.

Más de mil 300 personas han muerto y más de 10 mil han sido detenidas en la represión de los disidentes desde el golpe, según un grupo local de monitoreo.