la cárcel por guardar semillas de su propia cosecha. Suena increíble pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de leyes que otorgan propiedad intelectual sobre semillas a grandes empresas, con la protección del convenio UPOV (Unión internacional de Protección de Obtenciones Vegetales), institución que esta semana cumple 60 años. Podría pasar en México con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, quien argumenta que es para armonizarla con el T-MEC y otros tratados de libre comercio. Rodríguez no es original, simplemente sigue los lineamientos que dictan las trasnacionales semilleras y de agrotóxicos como Bayer, Syngenta y Corteva. Son éstas las que se benefician de las normativas para privatizar semillas (https://tinyurl.com/yc285u3k).

Su objetivo no es la alimentación sino el lucro, ven a las semillas solamente como eslabón de la cadena industrial de agroalimentación, monopolizarlas como un paso clave para controlar toda la cadena. Por ello han promovido la privatización de las semillas con derechos de obtentor y patentes. Contra ese proceso, que es una vía para criminalizar la vida campesina y la producción soberana de alimentos, se está realizando del 2 al 8 de diciembre una campaña global contra la UPOV y la privatización de semillas, apoyada por 285 organizaciones de 47 países (#StopUPOV).

Una forma de imposición de las disposiciones de UPOV han sido justamente los tratados de libre comercio. En el marco de la campaña, Grain publicó esta semana un mapa interactivo de esos tratados y qué países los empujan. Queda visualmente muy claro que es un proceso de neocolonialismo. Pocos países, encabezados por Estados Unidos y Europa –sede de las trasnacionales semilleras– buscan asegurar la protección de los privilegios de esas empresas en los países del sur, especialmente en los que existe gran diversidad y son origen de las semillas que buscan monopolizar (https://grain.org/e/6768).

Privatizar semillas es en sí un concepto absurdo, ya que son una creación colectiva y fluida, que comenzó con mujeres que hace más de 10 mil años crearon formas de cultivar lo que antes sólo se recolectaba, dando así origen a la agricultura y los asentamientos humanos. Intercambiar y guardar semillas para las próximas cosechas es a la agricultura como el aire que respiramos. Como expresa Camila Montecinos de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, las constantes conversaciones de las comunidades que siembran con las semillas, los suelos, los cultivos, el clima, los bosques, montañas o llanos, las fuentes de agua, las necesidades de alimentación, abrigo, gustos y expresiones artísticas y espirituales, las formas de manejar enfermedades y muchas otras interacciones, es lo que mantiene las semillas vivas y todo el tiempo crea nuevas. Nunca es una creación individual, siempre son tejidos colectivos que parten de semillas anteriores y son base de las futuras (https://tinyurl.com/5ekmz2vv).

En el mismo sentido se pronunció esta semana contra UPOV y otros proyectos que vulneran la vida comunitaria y la autonomía indígena, la Red Mayense de Guardianes de Semillas (https://tinyurl.com/2p8usv8m).

El proceso de creación lleva más de 10 mil años y no es individualizable. Por ello, las empresas inventaron un absurdo para reivindicar su propiedad: que quien desarrolle una variedad en laboratorio pueda alegar que es su invento, su obtención y pedir un certificado de obtentor que impida a otros usar esa variedad, pese a que está basada en miles de años de creación colectiva. Para dar a este robo un marco internacional se creó la UPOV. Al principio restringía sólo el uso comercial por 5-7 años. Cambios sucesivos resultaron en la versión 1991 de ese convenio, que otorga exclusividad por más de 20 años, criminaliza y persigue los intercambios campesinos y de agricultores, restringe gravemente el acceso a semillas para investigación pública, permite obtener certificados incluso por descubrimientos, extiende la protección a variedades similares a la desarrollada y afirma la criminalización y penalización de quien no cumpla.

En todas partes del mundo, pero especialmente en los países del sur global miembros de UPOV, los certificados otorgados siguen un patrón: más de 90 por ciento de los solicitantes son grandes empresas trasnacionales o sus subidiarias. Es básicamente una forma de resguardar los privilegios de las empresas en cada país y habilitarlas a usar los aparatos represivos y jurídicos nacionales contra las y los campesinos, agricultores e institutos de investigación pública. En muchos casos, como con el maíz, frijol, calabazas, nopal, amaranto y flores como cempasúchil o nochebuena, se otorgan derechos exclusivos a trasnacionales de cultivos con centro de origen y diversidad en los propios países que los ceden, un caso repetido en México.

La ambición de las empresas no tiene fin, y tampoco lo tendrá el aumento de las restricciones y penalizaciones que quieren imponer para resguardar sus privilegios a través de UPOV y otros sistemas de propiedad intelectual, como las patentes. Por ello la campaña exige terminar con la institución. Es apenas un comienzo.

* Investigadora del Grupo ETC