Morena en el Congreso capitalino presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política capitalina para establecer como un derecho el uso personal de la mariguana, así como su cultivo individual o compartido sin fines de lucro.

Al presentar la iniciativa al pleno, el diputado Temístocles Villanueva sostuvo que el proyecto plantea acabar de una vez por todas con el caduco modelo prohibicionista, con sustento en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de su consumo.

Explicó que la iniciativa se redactó junto con integrantes del Plantón 420 –creado por el Movimiento Cannábico Mexicano como el primer plantío de mariguana legal en México dentro del parque Luis Pasteur, contiguo al Senado de la República– que estaban presentes en el recinto.

Con la adhesión de una docena de integrantes de su bancada y del PRD, el proyecto consiste en una adición al artículo 6 para establecer que: “En la Ciudad de México, ninguna persona será perseguida administrativa o penalmente por el uso personal de cannabis sativa, índica, americana o mariguana y sus derivados, de conformidad con la legislación aplicable”, y modifica el artículo 9 para garantizar, además del derecho a su uso médico y terapéutico, el del autocultivo individual, compartido, solidario y asociado con fines medicinales, terapéuticos, herbolarios y de medicina tradicional, sin fines de lucro.

Plantea además reformar la Ley de Cultura Cívica para exceptuar de las restricciones al consumo de estupefacientes, sicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas, a la cannabis y sus derivados, así como la de su posesión.

Villanueva sostuvo que la ciudad cuenta con los elementos necesarios para tener una legislación que ponga el ejemplo en el país, como ha sido históricamente pionera en el reconocimiento de derechos y la aprobación de legislaciones progresistas que ponen a las personas en el centro, e instó al pleno a asumir ese precedente e impulsar un modelo incluyente de derechos y de avanzada en las que se anteponga la paz, la seguridad, la justicia preventiva y los derechos humanos.