na de las más audaces y afortunadas tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es su confianza en las decisiones colectivas, en una cierta sabiduría popular que, percibe, existe en el pueblo; una idea que deriva de su lectura de la historia de México. Ello lo ubica como un estadista ilustrado que logra mirar (y mirarse) en los procesos históricos de largo aliento. Lo anterior traducido a la teoría de los tres poderes, que hemos venido formulando desde hace una década, significa poder social. Como hemos expresado, un verdadero gobierno de izquierda es el que logra acotar y regular la voracidad del poder económico (empresas, corporaciones, bancos, mercados) y promueve, estimula y consolida el poder social, es decir, a las comunidades, cooperativas, sindicatos, gremios, uniones ciudadanas, etcétera. Ello significa que el poder político (gobiernos y sus partidos) tiene la capacidad de autorreducirse para trasladar su poder burocrático a los ciudadanos organizados. Este empoderamiento social, aparece cada vez más en las discusiones académicas como la fórmula clave para salir de la colosal crisis (ecológica y social) en que ha caído el mundo moderno e industrial. Y esto es lo que reclaman las voces de los sectores más avanzados que se escuchan por todas las calles del mundo.

A la mitad de su camino, la 4T tiene novedosos programas que van en el sentido de apuntalar el poder social (Sembrando Vida o Educación para el Bienestar), pero no aparece aún como un objetivo general, central y estratégico, como una política de estado capaz de orientar todas las acciones del gobierno. Tomando en cuenta lo aprendido de las innumerables experiencias exitosas en el país (véase nuestro libro México: regiones que caminan hacia la sustentabilidad: https://bit.ly/3I4Lxx1), ofrecemos aquí tres ejemplos en energía, economía y gobernanza.

Energía. En días pasados una excelente noticia recorrió el mundo. Por primera vez en la historia una región entera, el sur de Australia, llegó a demanda cero de energía fósil. ¿Cómo se logró? Mediante la instalación de energía solar en 96 por ciento de los tejados de casas y edificios, más algunos pequeños generadores. Esto se llama democracia energética. En vez de buscar la reconversión hacia energías renovables mediante las gigantescas centrales solares y eólicas de empresas o gobiernos, se privilegian los diseños de pequeña escala (doméstica y por unidades habitacionales) que empoderan a ciudadanos y familias. Y esta es justo la idea del programa pionero Ciudad Solar que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México de manera virtuosa, en combinación con bancos, iniciativas e instituciones nacionales e internacionales. El programa busca capacitar a mil técnicos para instalar sistemas foltovoltaicos y de calentamiento solar de agua. Las metas: 154 mil viviendas y comercios con calentadores solares y 10 mil Mypimes y hogares y 300 edificios públicos, más otros proyectos de mediana escala (https://bit.ly/3lFIP7N). ¿Qué espera la 4T para reproducir este esquema en todo el país?

Economía. Una cosa es apoyar empresas (con patrones y asalariados) y otra cooperativas (donde todos son socios). El futuro del mundo sólo es factible transformando (súbita o gradualmente) las empresas capitalistas (que son la causa final de todo el desastre actual) por cooperativas ecológicas, sociales y solidarias. A escala global existen 3 millones de cooperativas con mil millones de miembros, y en México 18 mil con 8.87 millones de socios. En plena contradicción el gobierno de la 4T redujo inexplicablemente en 90 por ciento el presupuesto de su única entidad dedicada al fomento cooperativo: el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). El presupuesto pasó de más de 2 mil millones (2014) en plena era neoliberal a sólo 218 millones en 2022. ¿Qué espera la 4T para corregir esta inexplicable pifia?

Gobernanza. Cada vez menos creen en esa ficción llamada democracia representativa, electoral o institucional (véase la demoledora opinión de José Saramago en El nombre y la cosa), que no es sino la ­fórmula que por siglos ha servido para justificar el contubernio obsceno entre el poder económico (el capital y sus mercados) y el poder político (los gobiernos y sus partidos de derecha, centro e izquierda). Se trata de una estructura obsoleta condenada a ser sustituida por una democracia desde abajo, participativa, radical y directa. Aquí la 4T debería estar apuntalando el modelo indígena, que hace que 80 por ciento de los municipios de Oaxaca se elijan directamente sin partidos políticos. Pero también las nuevas iniciativas de autogobierno comunal logrados en las últimas décadas. Cherán y otra docena de comunidades en Michoacán; Ayutla de los Libres y otras en Guerrero; los caracoles zapatistas, Oxcub y más en Chiapas. E incluso las formas autogestivas legitimadas de policías comunitarias (Guerrero) y de autodefensas (Michoacán). ¡La 4T tiene la palabra!