Nueva York. El gobierno de México tiene hasta el 23 de diciembre para responder las solicitudes de las 11 empresas estadunidenses de armas de desechar su demanda, y se citó a una audiencia el 27 de enero de 2022 para evaluar si el caso procede.

El juez federal F. Dennis Saylor IV ordenó este miércoles que el gobierno de México, el demandante, entregue sus argumentos en oposición a las solicitudes de los demandados para desechar el caso.

Las 11 empresas estadunidenses fabricantes y distribuidoras de armas presentaron solicitudes para desechar el caso el pasado 22 de noviembre, argumentando que México no fundamentó su acusación de que están directamente involucradas o han cometido actos ilícitos, que las leyes estadunidenses dan inmunidad a las empresas ante demandas de este tipo y que el tribunal distrital federal en Massachusetts –donde México presentó su demanda– no tiene jurisdicción sobre este caso, entre otras razones.

También acusaron que “incapaces de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras, México presentó esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.

El gobierno de México tiene hasta el 23 de diciembre para formular y presentar ante el tribunal sus respuestas a estos argumentos. Los demandados podrán responder una vez más a México antes del 10 de enero de 2022.

Al concluir ese intercambio de argumentos por escrito, el juez programó la primera audiencia sobre estas solicitudes para desechar el caso para el 27 de enero de 2022.

No se sabe si el juez Saylor decidirá en esa sesión si permitirá que el caso proceda o si será desechado, pero es la primera gran prueba para este intento sin precedente por México para buscar que la industria estadunidense de armas de fuego asuma alguna responsabilidad por el uso de sus productos en el país vecino.

El caso inició el 4 de agosto cuando se presentó una demanda civil contra 10 firmas de armas y un distribuidor por la violencia nutrida en México con sus productos letales.