La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene su negativa a otorgar el beneficio de testigo colaborador a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, con lo que se diluye su posibilidad de negociar el retiro de los cargos en su contra y enfrentar en libertad los procesos en su contra.

En tanto, el abogado Miguel Ontiveros confirmó que impugnó la decisión del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, quien el 3 y 10 de noviembre le dictó prisión preventiva justificada por el caso Agronitrogenados y Odebrecht.

El caso se turnará a un tribunal federal, que determinará la legalidad del cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada que dictó el impartidor de justicia ante el elevado riesgo de fuga de Lozoya.

El día 3, tras más de 15 meses de libertad condicional, Lozoya Austin quedó preso en el Reclusorio Norte por decisión judicial y a solicitud de la FGR, de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Enfrenta un juicio por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Funcionarios federales señalaron que el ex director de Pemex no ha logrado convencer al Ministerio Público Federal de que los señalamientos y elementos de prueba que ha aportado desde su extradición a México –en julio de 2020– sean suficientes para confirmar la participación de al menos una decena de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y de algunos ex legisladores federales que presuntamente recibieron sobornos para aprobar la reforma energética en 2013.

Lo anterior, indicaron, luego de que dos de sus ex colaboradores se negaron a corroborar algunos de los señalamientos que Lozoya hizo en su denuncia del 20 de agosto y las dos ampliaciones que realizó a la misma.

Aun así, su defensa busca negociar con Pemex la entrega de tres inmuebles y dinero para que se retiren todos los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que se imputaron a Lozoya en los casos de sobornos entregados por Odebrecht (en el que recibió 10.5 millones de dólares) y Agronitrogenados (donde el empresario Alonso Ancira le entregó 3.5 millones de dólares).

El acusado buscará un acuerdo que se cumpliría en pagos anuales y su familia podría solicitar un crédito bancario para cubrir las exigencias de Pemex y de la FGR.