En víspera de que hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional promovida por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, contra el acuerdo presidencial que consolidó la presencia castrense en tareas de seguridad, una decena de organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron que esa instancia determine que la decisión incumple con los controles civiles que requiere la participación militar.

En un pronunciamiento de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Tlalchinollan, Data Cívica y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos sostuvieron que validar la presencia de las fuerzas armadas sin que sus trabajos se adecúen a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado contra México (desaparición en el entorno de la guerra contra el narcotráfico) atenta contra las garantías constitucionales que obligan a que las instituciones de seguridad tengan carácter civil.

Por otro lado, en entrevista, el director del Centro Pro, Santiago Aguirre, sostuvo que, a 15 años de que en el sexenio calderonista se inició la abierta participación militar en tareas de seguridad, esta ha fracasado. No sólo porque en los pasados tres años se han reportado 37 mil asesinatos en promedio, sino porque está claro que la violencia no ha cedido en México.

Aguirre explicó que el acuerdo presidencial de mayo de 2020 no cumple con los criterios establecidos en la sentencia de la CIDH: la participación de las fuerzas armadas no es extraordinaria, porque están desplegadas en todos el país, aun cuando hay estados que no lo requieren; no está suficiente regulada porque el acuerdo es muy escueto en cuanto a definir los controles civiles; no está subordinada, porque sólo le responden al Presidente y no a otra instancia civil ni es complementaria porque en la Guardia Nacional predomina la presencia militar.

Señaló que si bien ha trascendido que el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat propone desechar la controversia, confió en que los ministros asuman que el acuerdo presidencial tiene visos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, por lo que debería anularse. Para Aguirre, preservar su vigencia pone en riesgo de profundizar la militarización de la seguridad pública, generando mayores riesgos para los derechos humanos.

Las organizaciones demandan que la SCJN resuelva con enfoque de género para evitar mayor vulnerabilidad en una estrategia de seguridad basada en la militarización.