Toluca, Méx., El Congreso local autorizó a los ayuntamientos de San José del Rincón y San Felipe del Progreso, ubicados en la región mazahua de la entidad, así como al de Nicolás Romero –de la zona conurbada a la Ciudad de México–, a subastar inmuebles de sus patrimonios municipales, para enfrentar compromisos por laudos laborales que heredaron de administraciones pasadas y pagar a proveedores, pasivos arrastrados incluso desde hace 10 años.

Pese a la resistencia de diputados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal), quienes insistieron en que no se debía permitir a gobiernos municipales desprenderse de sus bienes para pagar por irresponsabilidades, legisladores del Revolucionario Institucional (PRI), Morena y Acción Nacional (PAN) avalaron las iniciativas pues no había otra solución, dado que instancias jurisdiccionales ordenaron saldar los adeudos.

En el caso de San José del Rincón –actualmente gobernado por la priísta María Elena Montaño– se subastarán dos inmuebles para cumplir a la empresa ULSA por un revestimiento de caminos que se contrató en la administración 2009-2012. Ante el incumplimiento de un pagaré por 10 millones de pesos, el consorcio inició un juicio mercantil que ganó en tribunales, que hace unos meses ordenaron al ayuntamiento entregar más de 38 millones de pesos a la compañía, 22 de ellos por intereses.

Además, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje instruyó al ayuntamiento de San Felipe del Progreso, encabezado por el alcalde Alejandro Tenorio, de Morena, adjudicar una bodega y un terreno a un ex trabajador que ganó en 2006 un proceso laboral por despido injustificado.

Nicolás Romero debe 40 mdp a un ex burócrata

Mientras, a Nicolás Romero, que gobierna el también morenista Armando Navarrete, se le consintió subastar seis inmuebles para liquidar un adeudo mayor a 40 millones de pesos que se deben a otro ex burócrata, asimismo cesado injustificadamente.

Los diputados de PVEM, MC y Panal alertaron que aprobar las solicitudes de cesión patrimonial propiciaría que otras gestiones municipales pidieran autorización para desprenderse de bienes con el fin de solventar deudas, como la de Naucalpan –hoy a cargo del morenista José Velázquez–, que hace una semana determinó subastar inmuebles para obtener fondos y cumplir compromisos financieros de final de administración.

El legislador panista Francisco Santos consideró que la única salida frente a mandatos judiciales era facultar a dichos ayuntamientos a vender bienes, y recordó que hace tres años todo el cabildo de Coacalco, encabezado entonces por el priísta Erwin Javier Castelán, fue destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al no finiquitar un laudo laboral que el gobierno municipal heredó.

Recurren a deuda a corto plazo

Ante las dificultades que han enfrentado los municipios este año por insuficiencia de recursos, varios ayuntamientos han necesitado obtener créditos a corto plazo para no quedar insolventes, así como garantizar sus operaciones, pagos de nómina y prestación de servicios.

Toluca contrató en el último año cuatro créditos por casi 200 millones de pesos; Naucalpan también ha obtuvo préstamos por 275 millones; Atizapán de Zaragoza, por 98 millones; Nicolás Romero, de 40 millones, lo mismo que Tenancingo y Malinalco por 10 millones cada uno, y San Felipe del Progreso de 15 millones, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal.