Morelia, Mich., La principal demanda de colectivos de derechos humanos en Michoacán ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU es que las autoridades estatales aclaren qué se ha hecho con las 12 mil osamentas sin identificar que han sido halladas en estos años, según datos recientes del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, además debe hacerse público el destino de los cuerpos que pasan por el Servicio Médico Forense.

En su jornada del viernes, los expertos se reunieron en Jalisco con los grupos Alas de Esperanza, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos y la organización Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entre otros. Allí, los activistas exigieron llevar al Estado mexicano ante la Asamblea General de la ONU por las graves violaciones a los derechos humanos, impulsar un mecanismo internacional contra la impunidad en México y apoyar al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Como parte de su visita oficial al país, la delegación del CED también ha acudido a cárceles y centros de detención para examinar sus sistemas de registro como medio para prevenir desapariciones forzadas. Ayer asistieron al Centro Federal de Readaptación Social Uno de Almoloya, estado de México, donde estuvieron acompañados por personal de la Secretaría de Gobernación.

Mercedes Ruiz, integrante de la organización defensora de derechos humanos Caminando Juntos, comentó que el 19 de noviembre, reunidos en Guadalajara, dijeron a los enviados de la ONU que preocupa lo que ocurre con los cadáveres, “pues se ignora la cifra de cuerpos sin identificar y sólo se sabrá hasta que se legisle al respecto.

“A nosotros los familiares de los desaparecidos, no nos han información sobre el destino de las personas fallecidas sin identificar, ni sabemos en qué se basó el ombudsman Tinoco Álvarez al declarar que una parte de los restos los tiene la Fiscalía General del Estado y otra las autoridades municipales de Seguridad Pública”, apuntó. Ruiz recordó que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mintieron durante años en cuanto al registro y la búsqueda de personas desaparecidas, ya que nunca tuvieron archivos serios y ordenados y siempre escondieron los expedientes, en cambio sí criminalizaron a las personas desaparecidas y sus familias.

(Con información de Jessica Xantomila )