Lima. Los empresarios de Perú rechazaron la intención del gobierno de frenar la extensión de las operaciones de cuatro minas, en medio de protestas de comunidades cercanas que alegan contaminación.

La primera ministra Mirtha Vásquez anunció el viernes en la noche el compromiso del gobierno con dirigentes de algunas comunidades de la región andina de Ayacucho para mediar los términos del cierre de las cuatro minas, afectadas por protestas en semanas recientes.

Haremos un cierre de minas lo más inmediato posible, dijo Vásquez, según un comunicado oficial. No habrá ninguna ampliación más ni para procesos de explotación, exploración e incluso para cierre de minas, remarcó.

Se trata de las productoras de plata Inmaculada y Pallancata de la Minera Ares –subsidiaria de Hochschild Mining–, y de las minas Sami SAC y Apumayo. El campamento de esta última pequeña productora de oro fue incendiado a fines de octubre, en medio de una protesta contra sus operaciones.

Es es una medida arbitraria que viola el Estado de derecho y sus principios, dijo Óscar Caipo, presidente de CONFIEP, que agrupa a las corporaciones más grandes de Perú.

Representa 60% de las exportaciones

En un tuit, la oficina de la primera ministra precisó horas después que el gobierno garantiza las operaciones mineras respetando estrictamente el marco legal y detalló que las minas en conflicto tienen un cronograma de cierre en plazos que varían desde este año hasta 2025.

Los comentarios de Vásquez provocaron una dura reacción de la industria minera y los ejecutivos dijeron que si bien las minas estaban reguladas para un plan de cierre en determinado plazo, esperaban extender las operaciones.

No tenemos planes de cesar nuestras operaciones, por el contrario, tenemos la expectativa de seguir invirtiendo, señaló el gerente general de Minera Ares, Ignacio Bustamante. Vamos a esperar una rectificación. De no darse, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por el lado legal, manifestó en conferencia de prensa. Representantes de las minas Apumayo y Sami también dijeron que no tienen un plan inmediato de cierre de sus yacimientos.

Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha de cierre prevista, aunque puede modificarse teniendo en cuenta nuevos descubrimientos y si los reguladores lo permiten. El conflicto se produce cuando el gobierno planea elevar impuestos y regalías en el sector, cuyas operaciones representan 60 por ciento de las exportaciones de Perú.