En administraciones anteriores, los desplazamientos forzados de personas no eran reconocidos, por el contrario eran ocultados, lo que provocó que el fenómeno fuera invisible y como consecuencia se violentaron derechos humanos de manera sistemática, afirmó Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación.

Al inaugurar el seminario Intercambio de experiencias so-bre políticas públicas en materia de desplazamiento forzado interno en Colombia y México, en el que participaron diversas autoridades federales y representan-tes de organismo internacionales, señaló que en la actualidad el gobierno ha reconocido este flagelo como un problema público y hemos trabajado para desarrollar herramientas que nos permitan entender, prevenir y aten-der este fenómeno de movilidad humana. Destacó que el compromiso es priorizar a los secto-res vulnerables.

Por su parte, Teresa Heessel Pimentel, coordinadora de Política Migratoria de la UPMRIP, recordó que desde 2019 se hizo el reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno y se instaló un grupo para construir la ley general en la materia. Indicó que si bien ésta se retomó en la Cámara de Diputados y fue aprobada, en el Senado la minuta se encuentra pendiente de ser discutida.

Esto nos refleja que a pesar de haber voluntad política, queda pendiente contar con un marco legislativo que es necesario para dotar de atribuciones a todas las autoridades involucradas y para que también se transversalice hacia los estados y municipios y, sobre todo, que tengamos recursos suficientes, tanto financieros y humanos como materiales.

No obstante, dijo, pese a ello se han llevado varias acciones como el apoyo técnico a gobiernos y congresos locales para la construcción de sus propias leyes estatales e incluso el fortalecimiento de sus instituciones ya establecidas.