Lima. Fiscales y policías ingresaron ayer al palacio presidencial de Perú para investigar un caso de presunta corrupción que provocó la renuncia del secretario del mandatario Pedro Castillo, del ministro de Defensa y hasta un pedido de destitución presidencial.

Es la primera vez desde que Castillo llegó al poder, el 28 de julio, que su entorno de funcionarios más cercano es golpeado por un escándalo de corrupción, en un país que ha visto a casi todos sus presidentes de los pasados 35 años condenados o investigados por este delito.

La fiscalía anunció que investiga por tráfico de influencias a Bruno Pacheco, secretario general de Castillo, quien renunció las primeras horas de ayer, aunque aún se encontraba en el palacio presidencial.

A principios de mes comenzó la tormenta política sobre el gobierno del primer presidente peruano de origen campesino, tras la remoción de los jefes del ejército y la aviación.

Poco después, el recién retirado jefe del ejército, José Vizcarra, acusó a Pacheco y al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, de presionarlo para ascender a dos oficiales al cargo de generales.

Vizcarra aseguró que Castillo también le sugirió, de forma más sutil, el ascenso de los oficiales favoritos pero, tras negarse, las recomendaciones de las poderosas autoridades no se ejecutaron y los ascensos en la élite militar se realizaron sin influencia del Ejecutivo.

Las acusaciones del ex jefe del ejército provocaron que el Congreso –controlado por la oposición–, la fiscalía y la entidad que defiende los intereses del Estado investiguen por corrupción a Pacheco y dejaran abierta la posibilidad de incluir a más autoridades.

La denuncia no generó renuncias inmediatas, pero el malestar entre otros miembros del Ejecutivo fue notorio, entre ellos en la primera ministra, Mirtha Vásquez. El ministro de Defensa dimitió el domingo, y el lunes un medio local publicó una nueva denuncia contra el secretario presidencial, acusándolo de pedir al jefe de la agencia tributaria que ayude a una empresa deudora.

La nueva acusación presionó más al Ejecutivo y provocó que Vásquez y los ministros de Economía y Justicia comentaran de forma pública que Pacheco debía dimitir.