Guardianes del oro verde

Adriana y sus hijos en un cuarto rentado. Uruapan, Michoacán.Trabajo de Campo 2016 VAGV

En un jacal situado en medio de una densa huerta de aguacate, vivieron durante meses Adriana, su esposo y sus tres hijos, cuidando que la fruta no fuera saqueada por grupos armados o por pepenadores. Cientos de familias originarias de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y de zonas de la entidad michoacana golpeadas por la violencia y el desempleo, llegan a la región aguacatera para encontrar sustento. A las familias que cuidan las huertas de aguacate les dicen rancheros porque no son ejidatarios, ni comuneros, ni pequeños propietarios, sino que son identificados como “fuereños” que “andan rancheando”.

Los guardianes de las huertas viven en condiciones precarias e inseguras laboralmente, por lo que están expuestos a la vulneración constante de sus derechos humanos. La familia ranchera vive y cuida la huerta a cambio de un solo salario de aproximadamente 600 pesos a la semana, el cual muchas veces los patrones no pagan durante semanas, por no subir al cerro, dejando aislados, sin alimento y sin dinero a sus empleados.

En el ranking mundial, México sigue siendo el primer productor de aguacate Hass, en 2019 la exportación del llamado “oro verde” generó 3,201 millones de dólares por comercio exterior (Atlas Agroalimentario, 2020); a su vez, dicha producción creó 4,000 empleos en el país y 30 mil en Estados Unidos (APEAM, 2020). Más allá de estas cifras alentadoras, el modelo agroexportador aguacatero tiene dos caras: por un lado, genera miles de fuentes de empleos que frenan la migración masiva al norte y permite el desarrollo económico de la región; por otra parte, potencia la desigualdad entre quienes participan y profundiza las vulnerabilidades de quienes están más abajo en el sistema productivo.

Los capitales trasnacionales y nacionales controlan la producción económica del enclave aguacatero (empaques, empresas de agroquímicos, distribuidoras, etc.). Los productores tienen beneficios por su acceso a la tierra al pertenecer a una comunidad, a un ejido, o mediante la compra y renta de grandes extensiones. Por su parte, los jornaleros agrícolas tienen trabajos precarios e inseguros ante el riesgo de accidentes, de intoxicación aguda y crónica en las huertas. En este sentido, la cadena de producción-comercialización se caracteriza por la desigualdad en las condiciones laborales de los diferentes actores involucrados, siendo los rancheros uno de los eslabones inferiores.

Regresando a la narrativa inicial, Adriana abandonó la huerta del señor terrateniente que no los dejaba “bajar al pueblo” cuando fumigaban, amenazando con correrlos. Ella vive por ahora en un cuarto pequeño con sus tres hijos y su esposo, el cual rentan por $300 pesos. En la localidad en la que viven son mal vistos y a veces son discriminados al acusarlos de rateros y desleales. Adriana no regresa a la comunidad Antúnez de donde es originaria, ya que allá no tiene redes de apoyo y teme por la vida de su marido, pues huyeron del pueblo cuando él fue herido con un fierro en una trifulca. Cuenta que su madre permanece en cama sin poder caminar, sus hermanas casadas no tienen cómo apoyarla y sus dos hermanos están presos.

Las familias cuidadoras de las localidades y ranchos aguacateros de Uruapan no cuentan con seguridad laboral, puesto que no hay contrato cuando el acuerdo es de palabra. Las situaciones de exclusión y alta marginación de estos migrantes internos se complejizan cuando “los ranchos” están muy alejados de los servicios y comercios, con viviendas de piso de tierra, sin electricidad, sin agua potable y donde generalmente la atención médica es de difícil acceso.

Los niños que cuidan huertas crecen sin acceso a la escuela o caminando largos trayectos a diario, muchas veces apoyando el trabajo del corte de aguacate y el pesaje en la báscula. Además, infantes y adolescentes son expuestos al acoso de hombres extraños que rondan su jacal cada que hay temporada de fruta, como sucedió en un caso, sobre el cual me narraron cómo una niña de trece años de una familia cuidadora fue “raptada” por un jornalero de más de veinte años.

Mientras que los aguacates de exportación son custodiados con esmero desde que están en el árbol y tratados con sumo cuidado en el proceso de empaque y distribución, las vidas de los guardianes del oro verde son víctimas de los agrotóxicos, la violencia, la inseguridad laboral, la discriminación y las condiciones de pobreza y marginación. Muchos de los cuidadores migran con la esperanza de encontrar una vida digna para sus hijos, pero quedan enganchados al sistema por deudas o por la imposibilidad de mejorar sus condiciones ante las limitadas oportunidades y capitales que poseen.

Los beneficios de este sistema agroexportador son para las trasnacionales, bancos, políticos involucrados, empresarios empacadores y distribuidores, así como ganancias considerables para pequeños productores. No obstante, son los jornaleros y estas familias “rancheras” migrantes quienes tienen las peores circunstancias laborales y quienes resienten en sus cuerpos los altos costos ambientales de la fiebre aguacatera.

Estas familias cuidan el preciado oro verde del saqueo, pero ¿quiénes cuidan de ellas y garantizan sus derechos humanos, como el derecho a la seguridad social, a la vivienda digna, al trabajo bien remunerado y a la educación de sus hijos? •