Procesos migratorios en México

Los procesos migratorios han estado presentes en México desde hace por lo menos 85 años. En la década de los treintas, México recibió a 25 mil refugiados españoles que huían de la guerra civil que se vivía en España. De la misma manera, entre 1973 y 1990, recibió alrededor de 12 mil personas de origen chileno perseguidas tras el golpe de estado en contra del gobierno de Salvador Allende. Siguieron cerca de 150 mil salvadoreños y aproximadamente 46 mil campesinos indígenas guatemaltecos, que huyeron de la persecución de los conflictos armados que se presentaron en el Salvador y Guatemala hacia la década de los ochentas. Desde entonces los flujos migratorios han sido constantes, pero sin duda, han sido los procesos migratorios de El Salvador, Guatemala y Honduras los que han marcado la ruta de la política migratoria mexicana, a los que se han sumado recientemente los flujos provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y diversos países africanos.

Son múltiples las causas que propician la migración forzada de cientos de personas provenientes de estos países: pobreza, precarización del trabajo y del salario, desprotección social, distintas formas de violencia (género, identidad y preferencias sexuales, criminal, entre otras), desplazamientos derivados del cambio climático o por despojo de tierra y territorio como consecuencia de la puesta en marcha de distintos megaproyectos (mineros, energéticos, monocultivos, desarrollos habitacionales, entre otros). Una misma persona puede estar pasando por una o más causas que la obligan a emigrar.

Todas estas situaciones han tenido un desarrollo histórico que se encuentra ligado a decisiones políticas y económicas, a la injerencia de las políticas expansionistas e intervencionistas de Estados Unidos, a la corrupción e impunidad que se vive en dichos países. Si bien, en los ochentas, México dio el reconocimiento de refugiados a cientos de personas que se desplazaron de manera masiva por la frontera sur y jugó un papel muy importante para lograr los acuerdos de paz que permitieran su retorno, es importante señalar que los acuerdos firmados en Guatemala y en El Salvador no fueron garantía para que las personas que en su momento fueron retornadas, encontraran condiciones para continuar viviendo en sus lugares de origen, razón por la que, tiempo después, volvieron a cruzar la frontera con México, sólo que esta vez ya no lo hicieron bajo la figura del refugiado si no como migrantes indocumentados o en situación irregular.

Desde mediados de la década de los noventas, los flujos de personas migrantes indocumentadas comenzaron a incrementar en México, sin embargo, las autoridades mexicanas poco avanzaron en la implementación de medidas y mecanismos que busquen la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, esto debido a que siempre se ha puesto mayor atención en la propia migración de personas mexicanas que se desplazan a Estados Unidos, por lo que gran parte de la política internacional se dedicó a generar estrategias que permitieran ubicar en espacio geográfico a las personas, contabilizarlas, ubicar el trabajo que desarrollan y por supuesto, contabilizar las remesas enviadas al país, por ello, otro tipo de migración pasaba desapercibida.

El problema comienza cuando surgen los procesos migratorios que han sido catalogados como “migración económica”, que no es reconocida como forzada, sino que se ha construido como un desplazamiento “voluntario” que busca encontrar mejores condiciones de trabajo, sobre todo salariales, para mejorar los niveles de vida en el país de origen. La protección de los mercado nacionales de trabajo, es lo que lleva a que las fronteras se cierren para las personas que emigran por esta razón, situación que lleva a construir toda una infraestructura tendiente a detener la migración indocumentada que va desde la construcción de centros de detención migratoria, creación de instituciones encargadas de detectar, detener y deportar a las personas que ingresan sin documentos que demuestren su regular estancia en el país, hasta la adquisición de tecnología que permita detectar a personas que sean transportadas de manera clandestina en autobuses u otros medios de transporte, así como la compra de armas que permitan fortalecer a policías locales e incluso al ejército, para detener la migración.

Es importante señalar que la política migratoria en México se construye a partir de la propia experiencia de migración indocumentada de miles de mexicanos y mexicanas que se fueron a Estados Unidos buscando un mejor nivel de vida, por esta razón, la migración proveniente de Centroamérica no era vista ni atendida como una prioridad, pues finalmente las personas que se desplazaban por territorio mexicano, por un lado no eran ciudadanas mexicanas y por otro, no buscaban, en primera instancia, permanecer en el país, sin embargo, esta última situación se fue transformando, convirtiendo a México en país de destino. Si bien las organizaciones de sociedad civil que llevan décadas trabajando y acompañando a las personas migrantes y solicitantes de asilo en el país han alcanzado, a través de la incidencia, logros importantes como la aprobación de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo (2011) o la creación del primer Programa Especial de Migración (PEM), ligado al Plan Nacional de Desarrollo (2014). Lo cierto es que se ha impuesto la política de externalización de fronteras impuesta por Estados Unidos que ha llevado a los gobiernos de México, incluida la actual administración, a implementar una política de contención, detección, detención y deportación de personas migrantes centroamericanas que en la mayoría de los casos, ha conllevado a graves violaciones de derechos humanos, a pesar de ser estos la base discursiva de los planes de gobierno y las políticas implementadas a esta migración.

Ejemplo de esto es la firma del Acuerdo Migratorio con Estados Unidos, celebrado en junio de 2019, cuya celebración se hizo en el marco de la negociación del T-Mec. Con este acuerdo México se comprometió a registrar y controlar las entradas en la frontera sur, así como a desplegar a la Guardia Nacional (GN) por todo el territorio y en especial en dicha frontera a la que fueron enviados 6 mil elementos de la GN.

Son muchos los retos que México tiene en materia migratoria, entre ellos:

Establecer una política migratoria autónoma, que se mantenga al margen de la influencia que tiene Estados Unidos en el país.

Esta política migratoria tendría que estar basada en un enfoque de derechos humanos y seguridad humana, y no como parte de la estrategia de seguridad nacional.

Desarrollar e implementar programas de regularización migratoria de manera periódica que consideren no sólo el tiempo que se lleva viviendo en el país, sino también la contribución económica que hagan las personas ya sea a través del empleo formal o informal, que se consideren cuestiones médicas (personas en tratamiento), educativas (personas que se encuentren estudiando a cualquier nivel), reunificación familiar, enraizamiento y aporte cultural, entre otras.

Evitar que se construyan cinturones geográficos de contención migratoria para permitir una distribución a lo largo y ancho del país, de las distintas personas que logren su regularización o bien que hayan alcanzado el reconocimiento de refugiadas, con base en su perfil y en la demanda de los mercados laborales locales. •