Pasta de Conchos, hacia el XVI memorial

El 19 de febrero de 2006, explotó el gas acumulado en la mina Pasta de Conchos. Han pasado más de 15 años y ocho meses o 5,719 días y contando. Pasta de Conchos ha sido un caso emblemático que mostró la complaciente omisión del Estado mexicano, la negligencia de Grupo México, dueños de la mina, y el negocio de cuotas y pagos de la empresa al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana para mantener contratos por outsurcing y no afiliar a los trabajadores de la contratista; lo que todo junto constituyó el fundamento de la tragedia que vivieron los trabajadores en esta mina durante años; los que fallecieron, los que aún hoy intentan sobrevivir cada día, sumado al caudal de sufrimiento para las familias que, hasta los restos de sus familiares les fueron negados.

El camino ha sido largo. En el año 2010, ante la negativa del Estado mexicano de atender el reclamo de las familias para que se reanudaran las labores de rescate de los restos de los 63 mineros que aún continúan en la mina, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh) llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2012, la señora Trinidad Cantú Cortés, mamá de Raúl Villasana Cantú -que aún está atrapado en la mina- logró subir al templete en una de las giras del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en Coahuila para preguntar: ¿si usted gana la presidencia, hará el rescate? El Sí comprometido del candidato movilizó a la región carbonífera a su favor. Hicimos campaña en cada plaza como podíamos. Creíamos que ganaríamos y que el rescate sería inminente. Sin embargo, la simulación de la democracia determinó que AMLO perdía y que las familias, además, se quedaban sin el rescate.

En 2018 todo cambió. La CIDH admitió el caso; para entonces, representábamos a casi mil 100 familiares directos (padres, madres, hermanos/as, hijas/os y algunas viudas). Además, esta vez fue imposible arrebatar el triunfo a López Obrador y el rescate se hizo posible.

La actual administración, instauró un Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos que solo tuvo un par de sesiones, encabezadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Ahí se estableció un plan de trabajo del que participaban familiares y sus defensores/as. En ese Comité se decidiría también qué empresa haría el rescate, lo que para las familias es fundamental.

Lamentablemente, los compromisos no se han cumplido. De forma unilateral, la STPS ofreció una indemnización a las viudas a cambio de no hacer el rescate. Afortunadamente, el presidente cambió la propuesta: las indemnizaciones se entregarían, pero preferentemente por consenso se determinaría si las familias estaban dispuestas a esperar todo el tiempo que se requería para el rescate, ya que le preocupaba dejarlo inconcluso.

De pronto, la STPS dispuso que decidiera la mayoría en una consulta limitada a las viudas y a algunos familiares más en casos excepcionales. Resultó que 52 de las viudas determinaron que no querían rescate sino indemnización. Ante ello, los familiares que no habían sido consultados (como padres, madres e hijos) escribieron bellísimas cartas al presidente que lo animaron a centrar el tema no como un asunto de viudas, sino de todos los familiares directos.

Por ende, el rescate continuaba.

Luego, aunque el mencionado Comité desapareció de facto, o siguió operando excluyéndonos, no fue ahí donde se eligió a la empresa que haría el rescate. De forma unilateral, el presidente anunció que la CFE la realizaría. Desde ese anuncio, las familias peticionarias ante la CIDH han sido excluidas del proceso, como es el caso de Doña Trini, tan representativa de la lucha por el rescate de su hijo. Lo anterior contrariando legislación nacional e internacional que establece un universo más amplio de víctimas indirectas (como hijos, hijas, padres y madres,) y a pesar de ser peticionarias ante la CIDH.

Por ejemplo, fueron dejadas fuera de la visita que hizo a la mina el presidente hace un año (y a la que no ha vuelto cada 6 meses como anunció). Así, en un evento en el que se presentó una propuesta de ingeniería para el rescate y se firmó un documento en el que se expresó el deseo del Estado mexicano de alcanzar una solución amistosa ante la CIDH, Gobernación y oficinas de la Presidencia no permitieron que la contraparte de este litigio entrase al evento.

Se hizo únicamente con viudas que en su mayoría no son peticionarias, y que desde entonces son las únicas convocadas.

Por ejemplo, hace un par de semanas, la Segob propuso una reunión con un grupo de viudas para elegir el “Monumento” que se pondrá en la mina, aún cuando no han hecho el rescate tampoco para eso incluyeron a las familias.

Así, en una agenda desordenada y sin adecuada perspectiva de las víctimas, sin tener en cuenta a los casi mil 100 familiares que sostienen el litigio ante la CIDH y a tres años de iniciada esta administración, no se ve con claridad el inicio del rescate ni el llamado a rendir cuentas a los responsables en las administraciones anteriores así como la debida observancia de la operación de las minas que, muchas de ellas ponen en permanente peligro la vida de los mineros y otras que continúan operando vía outsourcing. En parte también, por el reumatismo institucional, en parte porque CFE no tiene experiencia en rescate minero, en parte porque parecen tener cautivas a las viudas con trámites de indemnizaciones y porque se les atribuye el derecho de ser las interlocutoras de todos los familiares, aunque nadie las propusiera.

En el caso se habla mucho de indemnizaciones, pero se omiten la justicia y las medidas de no repetición en las que tanto hemos insistido. La solución amistosa del litigio interamericano que desean el presidente y las familias requiere de algunas condiciones previas que solo necesitan de una voluntad política que parece estar escaseando: 1) el reconocimiento de todas las y los peticionarios y, por ende, una reunión con el Estado para establecer una ruta de atención en cabalidad y justicia para el caso; 2) iniciar de forma comprobable las obras de rescate (pospuestas nuevamente hasta diciembre) y 3) que se tomen Medidas de No Repetición.

El Estado mexicano debió responder a nuestro pliego de condiciones desde junio pasado. Estamos a la espera de que la CIDH nos traslade su respuesta para poder definir si se tendrá una Solución Amistosa o se deberá seguir demandando a nivel internacional una justicia que incomprensiblemente no parece llegar. •