“Despojo de tierras y recursos naturales, principal agravio del neoliberalismo en el campo mexicano”: Alejandro Encinas

En conversación con La Jornada del Campo Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, comenta los desafíos y retos a los que se enfrenta el gobierno actual para alcanzar la justcia, la paz y la concordia en México.

LJC: ¿Qué balance podría hacer sobre la herencia de agravios y violaciones a los Derechos Humanos que dejaron los gobiernos pasados?

AER: Creo que el principal agravio fue el atentado que (sufrieron) tanto los ejidos como las comunidades, que enfrentaron tras la reforma al artículo 27 constitucional en los años 90, donde se pretendió desde entonces despojar no solamente de sus tierras, sino de sus recursos naturales a toda la propiedad social en el campo mexicano. Y esto se viene a ratificar años más tarde con la reforma energética, que llegó al extremo de considerar la explotación de las minas como una actividad primordial, a pesar de las afectaciones que tuvieran en otros sectores e incluso les permitió concesionar en superficie la explotación forestal. Yo creo que este es el mayor agravio, el del intento del despojo de las tierras y los recursos naturales, que además llevó a una confrontación muy fuerte de toda la sociedad rural con las grandes empresas. Vemos los conflictos en donde están todas las industrias eólicas en el Istmo, vemos los conflictos en toda la salvaje explotación de las minas, donde se concesionó casi la mitad del territorio nacional. Lo vemos en la disputa forestal y ahora, como parte de esa herencia, por los agravios que derivan en la disputa del control territorial con la delincuencia organizada, que no es sino el resultado de todo este proceso de descomposición que se alentó desde el gobierno de Salinas de Gortari en el campo mexicano.

LJC: En este sentido, ¿qué atención le ha dado el gobierno actual a estos agravios y violaciones a los derechos humanos?

AER: Estamos básicamente en dos ámbitos: uno, el de atender los conflictos que se han generado a raíz de esta confrontación; y el otro, atender en particular a las personas defensoras de los derechos humanos, de los recursos naturales, de las comunidades indígenas, que son la mejor expresión de la resistencia que hay en el campo. Y lamentablemente, por los hechos vinculados con la violencia.

Te voy a dar unos datos, en este documento de agravios a periodistas y defensores de derechos humanos, que es muy revelador de lo que está pasando en estos momentos. Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, las agresiones de que son objeto y cómo la inmensa mayoría están asociados a la defensa del territorio.

LJC: ¿Están trabando directamente en el territorio para atender estos agravios?

AER: Estamos haciendo más directamente atención a toda la población de desplazamiento forzado interno, que es el otro fenómeno de estos agravios. La entrada de los grupos delictivos en algunas zonas, lo que ocasionan son desplazamientos de muchas personas del sector rural a las zonas urbanas o migraciones a los Estados Unidos. Entonces, estamos atendiendo a la mayor parte porque son tantos que se hace una diáspora, donde no se mueven necesariamente en grupo, sino que se mueven de manera activa, desplazamiento de forma individual. Entonces, en donde hay desplazamientos en grupo, estamos atendiendo en la mayor parte de los estados donde se presenta. Es una ayuda básicamente humanitaria, apoyo en la alimentación, en salud, en acceso a las escuelas, darles algún apoyo de vivienda. Pero el reto enorme es generar las condiciones para que regresen a su lugar de origen, que es lo más difícil, porque tienes que romper con las causas que propiciaron su desplazamiento.

LJC: Sí, por eso se va la gente, por la violencia, falta de oportunidades y pobreza…

AER: Fenómenos climáticos, que son muy grandes. En esta lógica, particularmente la disputa en el sector rural, en el campo mexicano y la disputa por el territorio de los recursos naturales. Sí, y esa es la confrontación con toda la política neoliberal y lo que se derivó, en este son de confrontación ahora también con los grupos delictivos. Y el segundo fenómeno, que también creo que vale la pena retomar, es cómo los grupos delictivos han querido entrar a controlar las comunidades indígenas y las organizaciones rurales.

La disputa por el territorio implica llegar a Pantelhó, tener el control de rutas para el tráfico de personas, tráfico de drogas o de armas o en Venustiano Carranza, en Chiapas, a la penetración en organizaciones para controlar las rutas de tráfico de personas, por la zona de este municipio hacia la presa de la Angostura. Hay un fenómeno totalmente distinto que no es la disputa tradicional.

Hoy lo que está es la disputa por el territorio de los recursos naturales, asociada a fenómenos delictivos; son las dos tesis principales. Las formas de agresión, de violencia, se asocian. Se vinculan a lo que son las agresiones contra los defensores de los recursos naturales y los pueblos indígenas. Y por el otro lado, con las empresas transnacionales. Y yo creo que las minas, la más fuerte de las disputas es con las minas, que entregaron todo y luego con las empresas eléctricas, las eólicas en particular.

LJC: Por eso la disputa ahora por la reforma que presentó el presidente, de la oposición, tremenda, de las grandes empresas eléctricas transnacionales.

AER: Y hay una parte que no se han dado cuenta mucho por el garantizar la explotación del litio, que es de la nación. Esa es la parte más importante de la iniciativa del presidente. Es justamente el garantizar la explotación del litio por parte del Estado y por tanto, no por las empresas; ahí está el futuro de toda la industria.

LJC: ¿Qué estrategia ha seguido la Subsecretaría a su cargo ante esos agravios del pasado, para hacer justicia?

AER: De los temas más álgidos que nosotros hemos atendido, son aquellos asuntos que llegaron a los órganos internacionales en materia de defensa de derechos humanos. El caso de la masacre de Acteal, donde hemos venido buscando una solución integral para todos, aunque lamentablemente se dividieron las comunidades. Hubo casos en los que se presentan conflictos entre comunidades, el caso de Aldama y Chenaló en Chiapas o a veces han muerto o los conflictos en el muncipio de Venustiano Carranza o dentro de la comunidad triqui, que lamentablemente viene a lanzarse desde hace muchas décadas. Nos toca tratar de conciliar conflictos que se dan entre comunidades agrarias, entre comunidades agrarias y particulares, entre comunidades agrarias y grupos delictivos. Aquí es donde hay abuso de autoridad. Entonces lo que estamos buscando es hacer una atención inmediata al momento del surgimiento del conflicto, buscar la conciliación, que es un asunto fundamental en muchos casos: donde hay intervención de grupos delictivos, tratar de recuperar el control del territorio con presencia del Estado, porque hay que señalar que en muchas de estas zonas de conflicto el eje es el hecho de que la autoridad legítimamente constituida fue suplantada por grupos delictivos, y estos grupos controlan zonas muy amplias del territorio nacional y es necesario restituir la presencia de la autoridad. Ya no son asuntos solamente de atenderlos en el ámbito del derecho de los humanos, sino también de la restitución de la presencia del Estado y garantizar la responsabilidad primigenia, que es la seguridad de las personas. Es tanto el nivel de deterioro que tenemos en muchos lugares que, difícilmente la propia autoridad local puede resolverlos. Porque en esta disputa territorial, también los grupos salieron a disputar a los órganos de gobierno municipal y otros ámbitos de la autoridad local.

LJC: ¿cómo lidiar, por ejemplo, cuando una comunidad que fue agraviada, desafortunadamente se divide por programas sociales, por la influencia del narcotráfico…?

AER: Por los partidos políticos, es la parte más difícil, porque el tratar de lograr la reconciliación entre comunidades que durante décadas se han confrontado, a pesar de que son familiares, a pesar de que mantienen sus vínculos dentro de la propia comunidad, es muy difícil. Pero ahí yo creo que uno de los planteamientos que ha sido muy, muy claro del propio presidente, es hacer el esfuerzo por la conciliación y el entendimiento. Aunque luego está el trabajo, en el caso del conflicto entre Aldama y Chenalhó, llevamos tres convenios de paz y reconciliación. Y las hostilidades entre los grupos no cesan ¿por qué? Porque en muchos casos, hay personas o grupos ajenos a la comunidad que siguen alentando el enfrentamiento. Puedes firmar un acuerdo de paz entre las dos comunidades con sus autoridades tradicionales, con las autoridades constitucionales, pero un grupo pequeño sigue desarrollando las agresiones y eso dificulta mucho el entendimiento, a pesar de que resolvamos hasta el conflicto agrario, que había sido el conflicto de origen.

LJC: Y ahí, digamos, también se involucran las organizaciones de derechos humanos...

AER: En todos los casos hay siempre organizaciones defensoras de los derechos humanos, aunque en ocasiones tenemos organizaciones defendiendo a ambas partes, a las dos partes. Cada quien tiene su propio defensor de derechos humanos…En el caso de Venustiano Carranza, tienes a la diócesis de San Cristóbal apoyando a causa del pueblo y tienes la diócesis del Obispo Vera apoyando a San Bartolomé de los Llanos. ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los dos. Los dos son buenos y los dos son malos. Sí, pero llegar a reconciliarnos es mucho, muy complicado.

LJC: Y en ese sentido qué está haciendo el Estado mexicano…

AER: Estamos atendiendo las demandas de fondo, que tienen que ver particularmente con temas de carácter agrario, en donde hay que buscar soluciones equitativas y darles satisfacción a las dos partes. Claro, el reto es lograr que las partes cedan, que siempre es lo más complicado y en todos estos casos, siempre tienen que ceder ambas partes a no tener todo lo que aspiran, y a tener las condiciones básicas para satisfacer su demanda. Ese es el arte de la conciliación entre los dos grupos. Claro, y aquí a veces pesa mucho el papel que juegan los gobiernos estatales y municipales. Creo que la mayor parte hasta ahora de lo que estamos enfrentando, ha habido un buen entendimiento con los gobiernos de los Estados. Pero, de todos modos, el gobierno municipal, por lo general identificado con una de las partes, es un factor más del conflicto.

LJC: Y en ese sentido, por ejemplo, desde su punto de vista, ¿qué es lo que más trabajo ha costado para hacer justicia?, las diferencias entre las comunidades…

AER: El trabajo más difícil es el de la reconciliación. La justicia le toca a la Fiscalía. Entonces, tenemos que entrar básicamente a la conciliación y eso es lo más complicado, porque en muchos casos la conciliación implica ceder espacio para la justicia.

LJC: Para lograr la conciliación y la reconciliación entre las partes, cada una tiene su propia complejidad y su propia característica, la Subsecretaría, tiene a su cargo una parte, pero para cuestiones agrarias, por ejemplo, cuestiones de programas sociales ¿si hay un trabajo interinstitucional…?

AER: Transversal, transversal, en todos los casos tiene que entrar la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario. En todos los casos los apoya la Secretaría del Bienestar. En muchos casos los apoya la Secretaría de Salud. En muchas ocasiones nosotros hemos entrado en las comunidades en conflicto a partir de la prestación de servicios de salud, con campañas de vacunación, con consultas médicas, con atención particularmente a las mujeres en situación de maternidad. Entonces, entra un espectro muy, muy diverso que tiene que ser en ocasiones la Guardia Nacional o la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la parte clave es agraria. Salud y Bienestar son también claves, junto con la Secretaría de Gobernación…

LJC: ¿qué está haciendo la Subsecretaría y el Gobierno para que no se repitan casos tan emblemáticos como El Charco, Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, etcétera…?

AER: Todo lugar donde tenemos alertas de riesgo, de presentarse conflictos que derivarán en hechos violentos, ya sea por conflicto con autoridades o entre las comunidades, estamos tratando de adelantarnos a que eso suceda. Afortunadamente, la información que llega particularmente desde las organizaciones de la sociedad civil directamente a esta Subsecretaría es muy valiosa, porque aquí no hay necesidad de las labores de inteligencia, ni de espionaje, ni nada, sino simplemente ser sensibles a la información que nos llega desde la sociedad, desde las comunidades, desde el territorio, donde alertan con mucha anticipación la eventualidad de conflictos. Entonces, cuando tenemos este tipo de señales, inmediatamente buscamos un acercamiento con las dos partes para identificar a dónde está el principal problema. A veces con las autoridades municipales, que es donde el mayor encono y obstáculo se puede encontrar.

LJC: Y eso, digamos, ¿es parte de la estrategia para evitar fenómenos de desplazamiento interno, de desaparición forzada…?

AER: Más que una estrategia, es una forma de operación política, una respuesta de operación política inmediata, para evitar que se escalen los conflictos. Yo creo que la estrategia es siempre tener información y prevenir, conciliar. Pero en muchos casos lo difícil ante una situación, es actuar de inmediato. Tener capacidad de respuesta, en muchos casos se logra, pero en otros, hay que asumir que hay conflictos que, por su propia naturaleza, difícilmente se pueden evitar. El caso, por ejemplo, teniendo presencia en Pantelhó de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, tuvimos enfrentamientos donde hubo hasta carros bomba. Porque es tal el nivel de confrontación entre los grupos, que a pesar de que haya presencia de la autoridad, estalla el conflicto.

LJC: Ahora que menciona a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, en muchos de estos conflictos intervino de manera directa o indirecta el Ejército ¿Hoy es otra concepción en cuanto a la presencia de los militares de la Guardia Nacional…?

AER: Sí, pero hay regiones donde la percepción sigue siendo la misma…

LJC: ¿Recuperar confianza?

AER: La confianza solamente se va a recuperar cuando haya hechos claros y contundentes de un proceder distinto de las instituciones. Yo creo que esa es la clave, porque la resistencia a que haya presencia de las fuerzas de seguridad o del Ejército en muchas regiones del país es muy alta. Paradójicamente, en otros la piden así, con urgencia. Pero donde hay un estigma o hay una experiencia de agravios de las Fuerzas Armadas a la población, se tiene que construir una relación de confianza.

LJC: ¿Cree que se ha avanzado en esto y en otros temas en cuanto a que la gente recupere confianza, seguridad en las autoridades, en el gobierno, en el Estado mexicano?

AER: Hay que decir que la mayor recuperación de confianza está respecto al gobierno federal. En algunos estados hay reconocimiento a sus actores locales, pero donde tenemos el principal problema en materia de ejercicio de autoridades, es en la autoridad municipal, las policías municipales y los ministerios públicos. Es ahí donde prevalece el mayor descrédito y desconfianza.

LJC: ¿Cuál es el avance en el caso de Ayotzinapa?

AER: Yo creo que hemos tenido avances muy importantes. El primero es que hay un replanteamiento total de la relación del Estado con el conflicto. Implica reconocer la responsabilidad del Estado en la desaparición de los muchachos, derivada de la complicidad de las autoridades de distintos niveles con la delincuencia organizada. Segundo, un replanteamiento muy claro de la relación entre los papás y las mamás de los muchachos y el gobierno, donde no solamente se trata de atención, trato digno y respetuoso, sino de generar los instrumentos para avanzar en conocer la verdad de los hechos y castigar a los culpables. De ahí la importancia de crear la Comisión Presidencial para la Verdad en el caso de Ayotzinapa y la Fiscalía Especial para la Investigación del caso. En tercer lugar, se ha abierto toda la información de las instituciones públicas. Falta que nos entreguen algunas, pero eso es información muy valiosa que ha permitido abrir nuevas líneas de investigación, que han dado marcha atrás a la mal llamada verdad histórica. En cuarto lugar, aparte de que se han ido ya ejecutando órdenes de aprehensión contra los perpetradores e incluso contra gente que obstaculizó o alteró la investigación, creo que también en la parte de investigación ha habido hallazgos, particularmente de dos muchachos, entre ellos los datos más importantes haber encontrado restos de dos de los muchachos en lo que se llama el ejido de Cocula, en Guerrero. Fueron plenamente identificados al 99.99 por ciento por el laboratorio de Hillsborough en Austria; tenemos líneas de investigación que nos están permitiendo identificar cómo se desarrolló todo el proceso. Hemos reconstruido los hechos desde el momento de la salida de los muchachos de la Normal hasta el momento en que se da la orden de su desaparición. Hemos reconstruido todas las comunicaciones entre los grupos delictivos, las fuerzas policiacas locales, las comunicaciones entre ellos, para tener certeza de que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, de que actuaron por lo menos tres células distintas del grupo delictivo en la desaparición. En fin, yo creo que hay información muy consistente para avanzar en el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que nos falta? Tener certeza del destino y el paradero de los muchachos. Si bien hemos encontrado a dos, queremos saber qué paso con los que faltan.

LJC: Usted lleva muchos años en esta lucha, conoce de los casos de alguna u otra manera, directa o indirectamente. Más allá de ser servidor público, como persona, ver el sufrimiento de los padres, de las madres del caso Ayotzinapa y de muchos otros ¿cómo está usted?, ¿cómo se siente?

AER: Pues por supuesto que uno se impacta. Hay una afectación también emocional en el desarrollo de nuestro trabajo. Yo siempre les digo que sólo un sociópata puede ser insensible al dolor ajeno. Y no soy un sociópata. Por supuesto, nosotros que venimos de una lucha por causas, pues no somos insensibles al dolor de la gente, que, al contrario, conocemos lo que ha sido durante muchos años de lucha, lo que significa la confrontación con el Estado o la pérdida de seres queridos. Entonces, por supuesto que uno es sensible a todo lo que nos rodea…

LJC: ¿Cuáles son los retos para los próximos tres años?

AER: El gran reto es avanzar en los principios fundamentales para evitar la repetición de los hechos. Hay que conocer la verdad. Hay que avanzar en la reparación integral de los daños. Hay que mantener la memoria. Pero creo que hoy el gran reto es la impartición de justicia, acabar con la impunidad. Y, yo creo que es donde tenemos hoy el principal lastre en nuestro país, donde hasta el 98 por ciento de los delitos quedan impunes. Entonces, poco o nada sirve que sigamos buscando a las personas desaparecidas, que encontremos restos y no ser identificados por los servicios forenses, que continuemos identificando los responsables de los agravios y violaciones a los derechos humanos, si no se castigan esos delitos. Yo creo que la gran deuda es la justicia en este país.

LJC: El tema de migración es un tema muy álgido desde hace tiempo, pero se ha recrudecido aún más en los últimos años ¿cómo ha intervenido el gobierno?

AER: Nosotros tenemos dos fénomenos nuevos en el tema migratorio. El primero, que empezó desde el inicio de este gobierno, fue cómo el tema se convirtió en un asunto fundamental en la relación bilateral con los Estados Unidos. Ya no se trató solamente de un asunto de entender la migración, tanto en el tránsito como en el destino de la población de migrantes en nuestro país, sino cómo esto fue un asunto fundamental desde que Trump amenazó con establecer aranceles hasta cerrar fronteras. Lo llevó como parte de una estrategia electoral. Y, en segundo lugar, entender los nuevos flujos migratorios que tenemos en el país, porque si bien sigue siendo la población de América Central, de Honduras, Guatemala, El Salvador, la más numerosa, lo cierto es que tenemos flujos migratorios crecientes de otras latitudes, no solamente del Caribe, que es ahora el fenómeno con la población haitiana, sino de todo el mundo. Al día de hoy tenemos 90 nacionalidades distintas de solicitantes de refugio en el país y tenemos flujos crecientes de Cuba, de Haití, de Venezuela, Nicaragua, más la que hemos tenido con anterioridad. Pero nacionalidades como del Congo, de Etiopía, de África, de Asia, de Europa del Este, con los flujos que hemos tenido, es cada vez mayor. Entonces son nuevos fenómenos. Y el otro indicador es, cómo cada vez son grupos de familias muy pobres, en condiciones muy precarias, con padres y madres menores de edad y hasta con dos hijos, que da cuenta de la catástrofe que se está viviendo en otros países.

LJC: …y es resultado de todo el modelo neoliberal en el mundo.

AER: Es un asunto de marginación, de pobreza, de violencia y de falta de autoridad. Entonces, yo digo que el paradigma de la migración ahora es más allá de ser una migración ordenada, regulada y segura, el tema de la integración. El presidente estuvo mucho en atacar las causas de fondo y urge una integración regional más sólida, donde haya oportunidades para el desarrollo de los países y de las familias. De ahí la propuesta de que haya inversiones en Guatemala, Honduras, El Salvador y en la frontera sur de México. Pero también debemos tener claro que habrá integración de esta población a la vida de nuestros países. Ahorita tenemos poco más de un millón de personas extranjeras viviendo en México, la mayor parte de nacionalidad estadounidense. Y tenemos toda capacidad para absorber a muchas personas en momentos donde hay oferta de trabajo en las áreas de servicios, en el sector agropecuario, en el sector restaurantero, en el sector hotelero, que puede integrarse. Ya hay disponibilidad de empleo en esos rubros y todo se resume en que cada vez será mayor el número de extranjeros integrados a nuestro país… •