La Fiscalía General de la República tiene 10 días hábiles para publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia la carpeta de investigación del caso Odebrecht, como le ordenó el miércoles el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El cumplimiento de esta resolución –calificada de histórica, en tanto que es la primera vez que el instituto ejerce su facultad de convertir un asunto particular en una obligación de transparencia de una dependencia del Estado mexicano–, sin embargo, no es un hecho aún, pues el órgano de acceso a la información lleva dos años ordenando a la FGR la entrega de distintos contenidos de las indagatorias de esta trama de corrupción, pero la fiscalía se ha negado a hacerlo pese a que ha perdido diversos amparos.

Entre el 12 de junio de 2003 y el 7 de octubre de 2021 se han identificado mil 271 solicitudes de acceso a documentos oficiales sobre Odebrecht, de las que 201 han sido dirigidas a la Fiscalía, 38 de las cuales fueron remitidas al INAI para su revisión, cuando los solicitantes se inconformaron con las respuestas negativas, que negó y clasificó expedientes con argumentos como el de que su difusión pondría en riesgo las investigaciones. En al menos cuatro de esos casos, la FGR se ha negado a cumplir con las instrucciones de transparencia.

Incluso enfrentó las resoluciones del instituto con amparos que perdió o que fueron desechados por los tribunales, pero la entidad que encabeza el fiscal general Alejandro Gertz Manero no ha cumplido con entregar los expedientes aludidos.

Se trata de las resoluciones del INAI con las nomenclaturas RRA 4436/18, RRA 6994/18, RRA 3094/19, RRA 4604/19 , que resolvieron quejas de personas que habían solicitado a la FGR información, como versiones públicas de las actuaciones del Ministerio Público en el caso, los nombres de los funcionarios y ex servidores públicos que han sido llamados a declarar y las acusaciones que enfrentan.

En estos casos, el órgano de acceso a la data pública ordenó la entrega de la información, pues al tratarse de un caso de especial interés y de corrupción, resolvió que no procede su clasificación.

La FGR, sin embargo, se amparó. A la postre, los jueces sobreseyeron los juicios de amparo, por lo que en opinión del ente de transparencia ya no hay razón para que la Fiscalía incumpla.