Jueves 18 de noviembre de 2021, p. 20
La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó dos iniciativas que proponen incrementar el salario mínimo hasta 9 mil 500 pesos mensuales, para que los trabajadores que laboren en la iniciativa privada cuenten con un ingreso digno
que alcance para atender las necesidades de una familia más allá de lo básico y recuperar su poder adquisitivo.
Una primera propuesta, de Empresas por el Bienestar –que agrupa a 170 compañías medianas y grandes; nacionales y trasnacionales, en al menos 17 estados del país– plantea pagar salarios de al menos 7 mil pesos mensuales, arriba del umbral de pobreza que fija Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), comentó Arturo Zapata, miembro de la comisión ejecutiva de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ingreso suficiente para vivir dignamente
La segunda propuesta, más ambiciosa aún
, proviene de la agrupación México Digno, la cual propone a los empresarios que paguen a cada trabajador al menos 9 mil 500 pesos mensuales, porque en el norte del país, en una familia promedio hay dos personas que perciben salarios.
De acuerdo con Enrique Terrazas, quien impulsa la agrupación en Chihuahua, la adopción de dicha iniciativa permitiría un ingreso suficiente para que 80 por ciento de la fuerza laboral del país pueda vivir dignamente
, considerando que el sector privado genera ocho de cada 10 empleos.
En videoconferencia, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recordó que en septiembre pasado presentó al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) una propuesta de aumento al salario mínimo para 2022, para que se fije en 185.20 pesos diarios.
Este monto se integra por dos componentes: un aumento de 35 pesos diarios como parte del monto independiente de recuperación (MIR) que no repercute en las negociaciones de salarios contractuales, y un incremento de 6 por ciento equivalente al aumento estimado de la inflación de la canasta básica durante 2021, como parte de la recuperación gradual del ingreso que se inició en 2016 y se convirtió en política oficial en 2019.