Aunque la reforma a la Ley General de Salud, que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar, señala que la atención sanitaria será universal en las instituciones públicas, las migrantes se enfrentan a limitantes para ejercer ese derecho.

En la presentación del informe Barreras y facilitadores a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, Ietza Bojórquez, de El Colegio de la Frontera Norte, remarcó que la modificación a la Ley General de Salud en principio garantiza el acceso gratuito de todas las personas, independientemente de su condición migratoria, a los servicios de salud, pero en la práctica muchas veces está limitada por barreras administrativas, de documentos, principalmente.

Recordó que está ahora en discusión la elaboración del reglamento de la Ley General de Salud en materia de acceso. Justamente éste es el que va a empezar a operacionalizar estas situaciones, y en uno de sus capítulos refrenda este compromiso, que el acceso de las personas migrantes sea libre y gratuito y en igualdad de condiciones con el resto de la población, sin importar la condición migratoria.

Advirtió que, sin embargo, lo que estamos viendo en el terreno es que si ese paso no se hace extensivo, no se hace del conocimiento al nivel en que la persona interactúa con el sistema de salud, esta legislación y estas normas no se van a llevar a la práctica y no va a haber una mejora.

Tania Marín Macías, coordinadora médica nacional de Médicos del Mundo, habló de una de las tres historias que se exponen en el análisis sobre los servicios públicos de salud de Tapachula, Chiapas.

Citó el caso de una joven de 17 años, proveniente de Guatemala, quien al llegar al país acudió a un centro de salud para solicitar un método anticonceptivo, que no se le proporcionó. Posteriormente se embarazó y tuvo un aborto a los cinco meses de gestación. Tras ese evento se le atendió y colocó un implante subdérmico. En ese periplo se le discriminó y negó atención por no tener papeles, aseguró.

Karla Berdichevsky, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, indicó que al año transitan por el país alrededor de 45 mil centroamericanas, y la situación va al alza con las caravanas migrantes.

Aunque hubo un descenso en 2020 por la pandemia, aseveró que en el primer trimestre de este año se presentó un incremento.

El fenómeno migratorio no es nuevo, pero cada vez es más común que tenga un rostro femenino. Miles de mujeres, adolescentes y niñas se ven forzadas a salir de sus países de origen y atraviesan múltiples fronteras.

Reconoció que “no hemos logrado atender todas sus necesidades en temas de salud sexual y reproductiva, y por ende este estudio es sumamente relevante.

Representa un hito, por la importancia que tiene este esfuerzo colaborativo entre las secretarías de Salud federal y la de Chiapas, en conjunción con las organizaciones de sociedad civil (Population Council, Ipas México y Médicos del Mundo).

Indicó que de manera articulada hemos generado evidencia desde una perspectiva crítica para lograr una mejora en los servicios de salud. Confió en que sea útil para el diseño de políticas públicas.