l pasado lunes arribó a México el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en lo que constituye la primera visita de este organismo al país. Durante 12 días, los expertos que lo integran recorrerán 12 estados y sostendrán encuentros con autoridades federales y locales; comisiones de búsqueda, familiares de desaparecidos, organizaciones civiles, y acompañarán jornadas de rastreo. El objetivo del CED (por sus siglas en inglés) es fiscalizar la crisis de desaparecidos en México, que no ha cesado desde hace dos sexenios; recomendar medidas de prevención de la desaparición forzada y contribuir a poner freno a la impunidad.
La visita ocurre en un contexto marcado tanto por la continuidad de la impunidad como por la militarización asumida como pauta central del combate a la inseguridad en el país; constantes ambas que han profundizado el abismo entre una narrativa oficial que apela a la garantía de los derechos humanos y una realidad en que siguen reproduciéndose, como política pública, prácticas y estrategias que vulneran los mismos.
La gravedad de la crisis de desaparecidos en México es incalculable. Desde 2013, el CED había intentado visitar el país, pero el gobierno de Enrique Peña lo había impedido. Pese a la agenda gubernamental contra la desaparición y aun después del paradigmático caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las cifras siguen en aumento. En los tres años del gobierno de López Obrador se tiene registro de más de 24 mil desaparecidos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, y de acuerdo con el comunicado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) el día de la llegada del CED, se estiman 94 mil 426 personas desaparecidas o no localizadas y poco más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar, la gran mayoría en fosas comunes de cementerios públicos bajo la responsabilidad de las fiscalías.
Esta crisis se profundiza a diario por la impunidad que supera 98 por ciento en los casos de desaparición forzada. Hoy sólo existen 35 sentencias condenatorias por desaparición de personas. Por si no fuera demasiado, se tiene el registro de 12 asesinatos a familiares en búsqueda y numerosas amenazas e intimidaciones a los mismos.
La visita producirá un informe que se publicará en marzo de 2022 con un diagnóstico de la crisis y recomendaciones para atenderla. Si bien la visita del CED representa un avance significativo, la gravedad de la coyuntura actual obliga a una pregunta incómoda: ¿habrá realmente voluntad política para aplicar las recomendaciones del comité? Ciertamente el gobierno de la 4T ha impulsado la creación de figuras como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y la propuesta de construir un sistema nacional forense; no obstante, también es cierto que estos avances no se han acompañado de los recursos suficientes, como hemos podido advertir en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el que este problema crucial del país no aparece entre las prioridades del gobierno federal.
Las plataformas de colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas son coincidentes en el diagnóstico de país; y han denunciado y demandado reiteradamente: la inexistencia de coordinación en las acciones de búsqueda y las investigaciones; la inefectividad de los servicios forenses ordinarios y la poca colaboración de las fiscalías; la nula rendición de cuentas y la falta de cauces formales de participación de las familias en las búsquedas e investigaciones que garanticen el acceso a la justicia; el nulo reconocimiento público del gobierno sobre la labor de los colectivos y la inexistencia de una política integral de protección para garantizar la seguridad de las víctimas.
Ante la inoperancia de la institucionalidad pública actual, es válido reivindicar la visita del CED que abre valiosas posibilidades de contar con una carta de ruta para aplicar políticas públicas, programas contra la impunidad y vías extraordinarias para acceder a la verdad; entre otros mecanismos y estrategias para enfrentar la inefectividad de las instituciones en seguridad pública. Para ello se requerirá de un compromiso y una cooperación efectiva y transparente entre los más altos niveles políticos para asumir y cumplir los compromisos que permitan avanzar sustancialmente contra desaparición.
La visita del comité es una oportunidad para tener una visión más amplia, experta, con las mejores prácticas y los más altos estándares, que permitan encarar esta tragedia en clave de prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación, y capacidad de dar garantías de no repetición. Hemos de estar atentos como ciudadanos para exigir al gobierno de la 4T la urgente y correcta atención de las recomendaciones del CED, pues la desaparición forzada es una de las grandes deudas en derechos humanos en el país, que promedia cada día 23 víctimas. Ignorar la visita del CED, la crisis y el dolor de las familias sería síntoma de una nula voluntad auténtica por transformar la vida pública del país.
