La región de los Chimalapas pertenece a Oaxaca y no a Chiapas, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el conflicto limítrofe entre ambos estados.

Los ministros reconocieron que su fallo no solucionará los conflictos históricos en la zona, por lo que emplazó a los gobiernos de las dos entidades a realizar consultas entre las comunidades indígenas que la habitan.

Por mayoría de 10 votos, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, donde se señala que la línea divisoria entre ambas entidades iniciará en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noroeste hasta el cerro del Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de La Jineta y de ahí, con rumbo noreste, hasta el cerro de Los Martínez.

Esto implica que el municipio de Belisario Domínguez, creado por el gobierno de Chiapas en 2011, con una superficie de 84 mil hectáreas, se encuentra en realidad en territorio de Oaxaca.

Para llegar a esa conclusión, el ministro Franco partió de un estudio histórico, que se inició desde un tratado de límites firmado en 1549 entre la entonces Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, hasta peritajes geográficos, pasando por consultas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de análisis jurídicos de las constituciones y leyes de ambos estados, así como de las entidades vecinas Veracruz y Tabasco.

La SCJN comenzó a votar algunos efectos de su sentencia, que incluyen un plazo de 30 meses para que Chiapas y Oaxaca modifiquen sus constituciones y leyes estatales, reconociendo los límites fijados por el máximo tribunal.

Los ministros admitieron que esta resolución no zanja un conflicto que tiene más de medio siglo, por lo que se harán consultas entre las comunidades y pueblos indígenas de los Chimalapas.

Se advirtió que la nueva línea divisoria atraviesa varios centros de población, señaló la ministra Norma Lucía Piña, pensando en evitar mayores afectaciones a la población que vive y tiene sus propiedades justo en la línea limítrofe, porque, además, si no se ponderan estos factores más específicos, se van a generar conflictos posteriores.

La transferencia de las responsabilidades administrativas en los centros de población que ahora se ubicarán en territorio de Oaxaca, será gradual, a fin de garantizar que los servicios públicos no se interrumpan.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, señaló que la SCJN continuará definiendo los efectos de esta decisión en su sesión del martes próximo: Este es un asunto muy delicado que excede, con mucho, una simple división de límites. Aquí subyace un problema político y social delicado; considero plausible que el ministro ponente haya intentado establecer una serie de efectos que involucra no sólo a los dos estados, a las dos entidades federativas confrontadas con esta cuestión de límites, sino también al gobierno federal para buscar soluciones y alternativas que, con paz social, privilegien el bienestar de las personas, de las comunidades y de los pueblos indígenas que viven en esta zona.