El recorte de 3 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2022 le impediría cumplir con la tercera etapa de la reforma en materia de justicia federal, lo cual afectaría los compromisos adquiridos con nuestros socios comerciales del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“Hago una exhortación respetuosa para que se pondere esta situación, porque, para que los beneficios lleguen a la gente más pobre de este país, no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social.

Sí se está comprometiendo un proyecto prioritario del Estado mexicano; no sólo es la Federación, los estados, los tres poderes federales, sino el Estado mexicano en la comunidad internacional. Este elemento es esencial para una relación sana con Estados Unidos; eso es lo que está en juego, sostuvo.

No obstante, afirmó que de concretarse el ajuste, el PJF no detendría la aplicación de la reforma de justicia federal, sino que buscaría cómo hacer ahorros u obtener recursos: tenemos que capacidad de maniobra y trataremos de cumplir en lo posible este compromiso.

Para ello, adelantó, buscarían reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Sobre la atracción del litigio entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, con la ex pareja sentimental de su hermano, Laura Mora Servín, y su hija, a quienes acusa de causar la muerte de su familiar por falta de cuidados, Zaldívar afirmó que la SCJN intervino para evitar un daño mayor a la imagen de un órgano autónomo del Estado.

Era importante que lo resolviera la Corte, una instancia más allá de cualquier duda, de presiones, parcialidades o juegos de cualquier tipo. No fue una razón que tenga que ver con la persona del doctor Alejandro Gertz Manero, sino con la afectación que este caso está generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República, expuso.

Ambas mujeres habían pedido formalmente a la SCJN que no atrajera el litigio, confiadas en que el colegiado fallaría en su favor. Sin embargo, al intervenir el máximo tribunal, su resolución se atrasó.