Por unanimidad, el Senado aprobó reformas a la Ley de Salud para obligar a la mayor transparencia e información al consumidor sobre los servicios médicos privados que adquiere.

Se obliga a los prestadores a proporcionar a los pacientes, en el momento del ingreso, por medios electrónicos o impresos, el detalle de precios y servicios aplicados e incluirlos al final como anexo a la factura.

En el dictamen se resalta que los prestadores de servicios privados de salud, incluyendo el personal independiente y los auxiliares de diagnóstico, deberán publicar los precios vigentes en el punto de ingreso del paciente y, en su caso, en los medios informativos.

El presidente de la Comisión de Salud, el morenista Américo Villarreal Anaya, señaló que la privatización de la salud no debe ser una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios.

Por ello, subrayó, es necesario contar con una regulación que garantice el acceso a los servicios médicos sin que los ciudadanos sean víctimas de costos excesivos.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, advirtió sobre el incremento en los costos como consecuencia del uso de los servicios médicos privados, cuando debe ser el Instituto de Salud para el Bienestar el que debe ofrecer y garantizar, de manera gratuita, la atención a quienes acuden a recibir estos beneficios.

Senado solicita a la Ssa la vacuna a partir de 12 años

El pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo con el cual solicitó al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, que incluya a las personas a partir de 12 años en la quinta etapa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

En un dictamen aprobado en la sesión de ayer, los senadores solicitaron que a los menores se les aplique el fármaco de Pfizer-BioNTech, autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios .

En otro dictamen avalado por el pleno, el Senado exhortó a la administración federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, integre un registro nacional de niños y adolescentes en situación de orfandad ocasionada por la pandemia de Covid-19 .

Refiere el punto de acuerdo que en el país se estima que el número de menores en esta situación podría ubicarse entre 162 mil a 185 mil más, quienes han tenido que enfrentar cambios vertiginosos provocados por la pérdida de sus padres.