En los pasados tres años, el Gobierno de la Ciudad de México atendió 2 mil 662 casos de menores de edad –a quienes se les garantizó el derecho a vivir en familia– que se encontraban en distintos centros de asistencia social públicos y privados.

Esthela Damián Peralta, directora del DIF capitalino, detalló que esto ha sido posible gracias a diferentes opciones reconocidas por la ley, como el acogimiento de familia extensa, reintegración de adopción de origen, acogimiento con familia con fines de adopción y hogares de corazón, las cuales fueron diseñadas por el gobierno actual.

“En la administración anterior se contaba con 900 niñas, niños y adolescentes ‘institucionalizados’ a los que se les revictimizaba y se les vulneraba su derecho a vivir en familia. En estos momentos, el DIF de la Ciudad de México tiene 415, por lo que ha disminuido sensiblemente el número”, refirió.

En el contexto del Día Mundial de la Adopción, explicó que en 2019 se atendieron en total 425 casos de infantes con el propósito de que contaran con una familia, en 2020 se atendieron mil 41 casos y en lo que va de 2021 se han atendido mil 196 casos.

Explicó que hay dos figuras para que las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción tengan restituido su derecho a la familia: modalidad directa, cuando la madre voluntariamente entrega al infante al DIF se inicia un proceso de adopción, y los derivados de la Fiscalía General de Justicia.

En esta última modalidad, añadió, se trata de infantes abandonados en vía pública, violentados por la familia, probables víctimas de la comisión de un delito y en situación de abandono.

Dijo que hay diversas opciones para salvaguardar su derecho a vivir en familia, entre ellas la familia de origen, la familia extensa (familiares), familias que adoptan, los centros de asistencia social, públicos y privados, y hogares de corazón.

Esta última opción, abundó, es un acogimiento temporal durante un periodo de tres a seis meses, con apoyo económico para la manutención, para lo cual se lanzó una campaña a fin de contar con por lo menos 200 núcleos familiares que puedan participar con la finalidad garantizar a los menores el derecho a vivir en familia.