Quito. El gobierno de Ecuador acusó este fin de semana al correísmo de impulsar un golpe de Estado, luego de que una comisión del Congreso sugirió la destitución del presidente Guillermo Lasso, al considerar que incumplió la ley por tener inversiones en paraísos fiscales cuando se postuló al cargo, hecho señalado en los Papeles de Pandora.

“El gobierno nacional reconoce que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de Unes (Unión por la Esperanza), empeñados en debilitar la democracia ecuatoriana e impulsar un golpe de Estado", señaló el ministerio de Gobierno en un comunicado.

El partido Unes, sin ser mayoría, es la principal fuerza del Congreso con 48 de los 137 escaños. Su máximo líder, el ex presidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, es considerado prófugo de la justicia de Ecuador, donde fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho.

Quien impulsa esa desestabilización es quien fue condenado por cohecho y se fugó del país para escapar de la cárcel, señala el comunicado, sin mencionar directamente a Correa.

El ex gobernante respondió al calificar de locura el comunicado del gobierno. Tenemos un presidente que es una vergüenza mundial, tuiteó Correa.

El mundo acusa a Lasso, y él me insulta a mí. ¡Qué honor! En su desesperación, no entiende que son 600 periodistas de 90 países que le dicen corrupto, publicó en la red social.

El ministerio agregó que el gobierno hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo.

La comisión de Garantías Constitucionales, con el voto de la mayoría, aprobó el viernes un informe no vinculante en el que recomendó a la unicamaral Asamblea Nacional que verifique la inobservancia de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.

Ante ese incumplimiento, el Congreso debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituirlo por grave crisis política y conmoción interna, según considera la comisión.

De acuerdo con la investigación periodística, el mandatario, ex banquero de derecha en el poder desde mayo pasado, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que Correa –principal opositor de Lasso– aprobó una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Lasso ha admitido que tuvo inversiones en otros países, pero que se deshizo de ellas para ser candidato.