Washington. El presidente Joe Biden declaró este sábado que las familias de los niños separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump deberán ser indemnizadas, en un momento en el que el Departamento de Justicia está negociando un acuerdo con las víctimas.

El mandatario agregó que, sin importar las circunstancias, las personas a quienes les quitaron a sus hijos bajo la política de separación de familias del gobierno de Trump, cuya intención era disuadirlas de no cruzar a Estados Unidos sin autorización, deben ser remunerados.

“Si, en efecto, debido al comportamiento indignante de la administración pasada, cruzaste la frontera, ya sea de forma legal o ilegal, y perdiste a tu hijo… perdiste a tu hijo, ya no está, entonces mereces algún tipo de compensación, sin importar la circunstancia”, pues, sostuvo, entiende el impacto emocional que una situación así puede causar.

Tras ocupar el mando, Biden creó una fuerza especial para intentar reunificar a cientos de menores y tutores afectados por la política que estuvo vigente durante varios meses en 2018 y propició la indignación nacional e internacional.

El gobierno consideraba pagos de alrededor de 450 mil dólares (9 millones de pesos) a cada persona afectada, pero ha cambiado la cifra, aunque no drásticamente, informó a la Ap una fuente relacionada con las conversaciones que habló bajo condición de anonimato. Las conversaciones siguen en curso y el monto compensatorio por cada caso está aún por definirse.

Aproximadamente 5 mil menores fueron separados de sus padres bajo la norma de tolerancia cero de Trump, cuando los padres eran enjuiciados por cruzar la frontera ilegalmente, según documentos en un caso federal en San Diego. Los deficientes sistemas de rastreo provocaron que muchas familias siguieran separadas durante un tiempo prolongado. Los pagos tienen la intención de compensar el trauma sicológico en padres e hijos.

Los abogados exigen recibir el estatus legal en Estados Unidos para quienes fueron separados bajo la práctica, a la que un juez puso fin en junio de 2018, seis días después de que Trump la detuvo ante la presión internacional.