Emilio Lozoya Austin es un personaje representativo de los actos de corrupción más graves ocurridos en el país en la administración pasada, señalaron integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex durante la audiencia del miércoles en la que un juez de control control le dictó prisión preventiva justificada.

El representante de Pemex que acompañó al Ministerio Público federal (MPF) al Reclusorio Norte señaló que las imágenes del ex funcionario cenando en un restaurante de Las Lomas –el 9 de octubre– fueron una absoluta falta de respeto, una burla a las instituciones y una provocación a las autoridades. Mandan un mensaje de que hay una justicia inequitativa en la aplicación de la ley, que no es aceptable.

En tanto el MPF dio a conocer el descubrimiento de una cuenta en New Bank, en Liechtenstein, en la que Lozoya tiene 2 millones de euros, los cuales fueron transferidos por conducto de Zecapan, SA, con sede en Islas Vírgenes, consideradas paraíso fiscal, empresa que recibió los recursos de una offshore creada por Odebrecht para pagar sobornos.

En el extranjero, Lozoya contó con las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding Ltd y Tochos Holding para ocultar sus operaciones financieras, pero también en México, Odebrecht y sus filiales (Constructora Norberto Odebrecht, Ingeniería y Construcción Internacional, Servicios Integrales y Odebrecht Ambiental) tuvieron acceso a más de 10 firmas fachadas que así como repartían dinero en estados con elecciones en puerta, tenían vínculos con otras empresas de papel que recibieron decenas de contratos públicos.

De acuerdo con la fiscalía, entre febrero y marzo de 2014 la cuenta bancaria de Zecapan recibió 5 millones 951 mil dólares. El 14 de noviembre de ese año fueron cambiados por 4 millones 517 mil euros; una semana después hicieron una transferencia de 2 millones de euros a la cuenta de JF Holding, SA, de la cual Emilio Lozoya era accionista.

Ante las acusaciones de las autoridades de que Lozoya Austin no ha aportado información para llevar ante la justicia a otros ex funcionarios y legisladores que se habrían beneficiado de los sobornos, sus abogados, encabezados por Miguel Ontiveros, respondieron que hay que atreverse a denunciar a gente relacionada con actos de corrupción, como hizo Emilio Lozoya.

El abogado Alejandro Gómez Pruneda señaló que su cliente “aportó pruebas contra nueve testigos, tres de ellos relacionados con actos de corrupción que aparecen en videos. Por estas denuncias hay cuatro personas contra las que ya ejercieron acción penal: un ex secretario de Estado, un ex senador, un ex director de Pemex y un ex candidato presidencial.