El gobierno de la Ciudad de México se sumó a las impugnaciones presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por los ajustes en las participaciones federales derivadas de los resultados de los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los gobiernos de Jalisco, Baja California y del estado de México fueron los primeros en recurrir al máximo tribunal, esta última entidad consiguió ya una suspensión que le permite por lo pronto recibir la misma cantidad de participaciones que en 2020.

En principio, el estado de México se quejó de que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Inegi, muestra una disminución de un millón 58 mil habitantes en su población, lo que supondría una baja de 4 mil 328 millones anuales de participaciones federales.

Debido a la suspensión obtenida por el Edomex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo que hacer un nuevo reparto, lo que a su vez impactó en los recursos entregados al resto de las entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, que recibió 129 millones 500 mil pesos menos, por lo cual presentó su propia controversia constitucional.

Rechaza cifras

Así lo explica el gobierno capitalino en su demanda ante la SCJN: La ENOE del segundo trimestre aporta una cifra que no corresponde con la realidad del Edomex, pues le otorga un elemento poblacional ficticio, favoreciéndole injustificadamente respecto del resto de las entidades federativas, a quienes se afecta de manera directa en el cálculo y determinación del segundo ajuste cuatrimestral de participaciones para 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrado solicitó el mes pasado a la SCJN dar atención prioritaria a estos asuntos, que se encuentran bajo el estudio del ministro Luis María Aguilar Morales.

La solicitud de atención prioritaria, que quedó registrada en la SCJN como la 1/2021, aún no ha sido resuelta por el Pleno de Ministros, quien deberá abordarla en sesión privada.