El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) remitió a la Secretaría de la Contraloría General las denuncias contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien utilizó banderas partidistas en dos eventos oficiales.

En los cuatro expedientes que corresponden a cada una de las denuncias que se interpusieron, el IECM indicó que la conducta de la alcaldesa pudiera constituir una falta administrativa que es competencia de la Contraloría.

Dicha dependencia, recordó, se encarga del estudio y determinación de acciones de control interno, auditoría y evaluación gubernamental, así como prevenir, investigar, sustanciar y sancionar esas faltas.

De acuerdo con los documentos, el IECM declinó la competencia para abrir un procedimiento especial sancionador contra Cuevas, pues conforme a jurisprudencias de la sala superior, la violación a la normatividad electoral ocurre en el contexto de un proceso electoral que, subrayaron, ya había concluido cuando ocurrieron los hechos.

Al no actualizarse una falta en materia administrativa electoral, es dable considerar que las conductas denunciadas podrían constituir una falta que, atendiendo a lo expuesto, posiblemente actualizarían un procedimiento cuya materia de investigación correspondería, en todo caso, a la Secretaría de la Contraloría General.

Igual en el caso Brugada

Es por ello que el IECM remitió los cuatro expedientes a la dependencia que encabeza Juan José Serrano, los cuales fueron promovidos por el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Héctor Díaz Polanco; el diputado local Janecarlo Lozano, el partido Morena y un particular.

Al mismo acuerdo llegó el IECM con el expediente de denuncia contra la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

La queja fue interpuesta por el Partido Acción Nacional, que acusó a la funcionaria de modificar las arengas tradicionales del Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre.

En tanto, en el Congreso capitalino se aprobó un exhorto a los 16 alcaldes y a la Contraloría para que emitan las convocatorias para la instalación de las contralorías ciudadanas y procuren incluir en ellas a las organizaciones de la sociedad civil y a estudiantes universitarios, con el propósito de que realicen su servicio social y/o prácticas profesionales.