Martes 2 de noviembre de 2021, p. 15
México carece de una política nacional global y a la vez específica sobre plaguicidas, ya que los principales documentos rectores la cubren de manera limitada o fragmentada, lo cual lleva a metas contradictorias e históricamente sólo se han hecho parches
en lugar de una reforma exhaustiva al sistema, advierte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En el reporte Gobernanza regulatoria en el sector de plaguicidas de México, realizado este año, el organismo indica que si la gestión fragmentada del marco regulatorio de plaguicidas persiste, ésta podría ser un obstáculo para la mejora en todo el sistema
.
Indica que los principales documentos políticos que abordan el tema son el Plan Nacional del Desarrollo, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, el Plan Sectorial de Salud 2020-2024 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024, en los cuales se presentan metas contradictorias. Y hay un extenso marco legislativo e institucional de plaguicidas, dividido en una serie de leyes y reglamentos técnicos gestionados por diferentes autoridades.
Hay preocupación sobre el funcionamiento del sistema de gestión de plaguicidas
, y la falta de objetivos claros y su priorización, dificulta el diálogo nacional sobre políticas
en la materia.
Apunta que la falta de objetivos políticos explícitos también complica el diseño, la evaluación y el financiamiento de una estrategia de gestión de plaguicidas enriquecedora que incluya la evaluación de productos y componentes activos, el monitoreo del impacto sobre la salud humana y el medio ambiente, la ejecución regulatoria y la infraestructura tecnológica para respaldar el sistema
.
El documento considera que una revisión exhaustiva del marco legal y regulatorio para la gestión de estas sustancias podría incluir como uno de sus objetivos la racionalización, la simplificación y la consolidación de los marcos existentes. Las autoridades mexicanas podrían considerar, por ejemplo, la adopción de una ley federal específica enfocada en plaguicidas
, con la cual se podría abordar el ciclo completo en su gestión.