n las semanas recientes han circulado versiones de que los nuevos gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila, y Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tienen la intención de desaparecer las secretarías del Migrante en sus respectivas entidades y anexarlas como direcciones a las secretarías de Desarrollo Social. Aunque ninguno de los mandatarios morenistas se ha pronunciado sobre el tema, el hecho es que Monreal ya dio por terminada la conformación de su gabinete sin haber nombrado al titular de esa dependencia, mientras un correligionario de Ramírez Bedolla en el Congreso local presentó una iniciativa precisamente en ese sentido.
La amenaza de que los gobernadores dispongan la extinción de las secretarías del Migrante ha suscitado el rechazo de los partidos de oposición, pero también de al menos cinco centros de educación superior y de representantes de la comunidad de la diáspora. Estos actores resaltan lo inconducente de achicar unas instancias encargadas de atender a un sector de inconmensurable importancia económica, cultural, política y demográfica para estas entidades que se encuentran entre los mayores expulsores históricos de población hacia Estados Unidos.
En efecto, es difícil exagerar la trascendencia de las comunidades migrantes para la vida cotidiana de michoacanos y zacatecanos. No se trata sólo de su elevada dependencia de remesas, que ascienden a 11.8 por ciento del valor agregado bruto en el primer caso y 10.7 por ciento en el segundo; con un monto de envíos de los paisanos equiparable al presupuesto anual en el caso de Zacatecas. Además de esta contribución financiera, debe recordarse que prácticamente la mitad de los originarios de estas entidades se encuentran al norte del río Bravo: 4 millones de michoacanos radican fuera de nuestras fronteras frente a 4.5 millones en Michoacán, en tanto 1.5 millones de zacatecanos viven en Estados Unidos frente a 1.6 millones en Zacatecas.
Está claro que el apoyo brindado por los migrantes excede por mucho el costo de las dependencias destinadas a atenderlos y que, incluso sin esta consideración, su peso absoluto y relativo en la población, así como el elemental respeto a los derechos humanos, obligan a hacer de sus necesidades una prioridad de primer orden para los gobernantes. Cabe esperar que ni en Morelia ni en Zacatecas se concreten las desapariciones de las secretarías del Migrante y que, por el contrario, Monreal y Ramírez Bedolla refuercen las políticas dirigidas a sus comunidades residentes en Estados Unidos, lo cual resulta de mínima justicia hacia quienes debieron dejar sus tierras de origen para proveer sustento a sus familias.
