on el inicio del presente mes, Andrés Manuel López Obrador ha empezado el segundo tramo de su ejercicio de poder. Su estancia en la silla presidencial durará dos meses menos que sus antecesores modernos, así que entregará la banda tricolor el 1º de octubre de 2024 y no el 1º de diciembre, como era usual.

Tal recorte fue formalizado en febrero de 2014, en el marco de una reforma político-electoral (https://bit.ly/3nL3abR) que, entre otros puntos, consideró demasiado largo el trecho entre la elección presidencial y la rendición de protesta, lo cual podría generar tensiones entre el presidente electo y en funciones (lo que de ninguna manera sucedió entre AMLO y Enrique Peña Nieto) y, además, daría más tiempo al Congreso para recibir las propuestas del Ejecutivo sobre el paquete económico sin tener que discutirlas entre apresuramientos decembrinos.

La cuenta regresiva del Presidente de México tiene, además, el contexto del temprano asomo de los precandidatos del partido en el poder, Morena, a la sucesión de 2024, proceso que se agudizará en el segundo semestre de 2023.

Por cierto, los dos punteros en las especulaciones sobre la candidatura morenista sucesoria han tenido una notable exposición pública en estos días. Marcelo Ebrard ha publicado fotografías de su participación, a nombre del Presidente, en la reunión del G-20 realizada en Roma. Dada su condición sustituta, el canciller ha hecho esfuerzos fotográficos para mostrar momentos fugaces o encuentros breves con jefes de Estado para argüir que se concretaron conversaciones importantes. Todo se vale en esta carrera sucesoria adelantada.

Igual esfuerzo de imagen ha hecho Claudia Sheinbaum, aunque en el plano político interno, al viajar a distintos estados en los que Morena estrena gubernaturas y a actos de otra índole que le den reflectores fuera de la Ciudad de México, donde Martí Batres se encarga del timón mientras la jefa capitalina aprieta el paso viajero en espera de réditos a futuro.

Dos sucesos mortales han reavivado en medios la no siempre así manifestada pero sí muy presente indignación profunda contra cuerpos policiacos o autoridades del ramo que agreden a la sociedad con acciones directas, como en los casos del joven actor Octavio Ocaña, muerto en circunstancias a cuyo oscurecimiento dudoso contribuye la fundada fama delictiva extrema de las corporaciones del estado de México, y del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, muerto en Mérida después de ser detenido por policías municipales, pero que según apresurado dictamen de la usualmente lentísima Fiscalía General de la República, habría muerto de neumonía y no por tortura ni violación sexual, a pesar de los insistentes señalamientos contra los agentes yucatecos.

En cuanto al actor, muy conocido por sus papeles como Benito o en la serie televisiva Vecinos, hay una serie de inconsistencias en el primer parte oficial que, de manera natural, actualizan la generalizada convicción social de que en la entidad federativa desgobernada por Alfredo del Mazo (un holograma de poder) se asientan los grupos policiacos (estatales y municipales) más temidos en el país por su permanente campaña de extorsiones y su disposición criminal casi automática.

Respecto al expediente de Ravelo, ha resultado de escándalo (uno más) la rauda conclusión exculpatoria a la que llegó la mencionada FGR, así como la recurrencia a los males de salud como causal, al estilo de lo postulado por Felipe Calderón (Los Pinos), Fidel Herrera (gobierno de Veracruz) y José Luis Soberanes (CNDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario (73 años), indígena que murió luego de agresiones sexuales, presuntamente cometidas por soldados, aunque oficialmente se declaró su fallecimiento a causa de anemia aguda y gastritis.

Y, mientras en Sinaloa se ha dado un terso relevo de poderes, con el morenista entrante, Rubén Rocha Moya, anunciando que no va a perseguir a nadie, y el priísta saliente, Quirino Ordaz, listo para cobrar su premio electoral, la embajada de México en España, ¡hasta mañana!

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