Estocolmo. Cientos de niños chilenos fueron secuestrados y entregados ilegalmente para su adopción en Suecia durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, según un estudio publicado ayer por el diario sueco Dagens Nyheter. Las cifras se elevan a 2 mil 100 adopciones entre 1971 y 1992, de las que mil 700 corresponden a la vía abierta por Pinochet con la ultraderecha sueca.

El epicentro de los secuestros y entregas sería la Sociedad Suecia-Chile, dirigida por el ultraderechista Ulf Hamacher, que lograba que el centro de adopción de la Sociedad Sueca para el Bienestar Internacional del Niño Chileno entregara información positiva del régimen en la nación sudamericana a los núcleos familiares que solicitaban la adopción.

La investigación tiene como base los hallazgos de Karen Alfaro, doctora en historia de la Universidad Austral chilena, y José Luis Morales, docente de historia y estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes analizaron la documentación diplomática de la embajada chilena en Suecia y archivos del Fondo Suecia del Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y del Fondo del Ministerio de Justicia del Archivo Nacional de la Administración, entre otras fuentes.

Según la investigación, las altas esferas de la dictadura chilena aceptaron secuestrar y enviar al país escandinavo a miles de niños que fueron dados en adopción a fin de romper el aislamiento diplomático del régimen.

La Sociedad Suecia-Chile buscaba mejorar la imagen de la dictadura chilena en Suecia mediante gestos humanitarios como buscar un futuro mejor a niños que supuestamente habían sido abandonados cuando en realidad habían sido secuestrados.

Las primeras denuncias de adopciones ilegales llegaron en 2004 por los trabajos de la periodista Ana María Olivares. Desde 2018 existe una investigación en Chile, a cargo del juez Mario Carroza, que se centra en la adopción irregular de niños chilenos durante la dictadura de Pinochet.

El gobierno sueco reaccionó mediante su ministra de Asuntos Sociales, la socialdemócrata Lena Hallengren, quien anunció una investigación.

Por otra parte, dos carabineros fueron condenados a cuatro años de prisión por torturar a un menor en octubre de 2019 durante el estado de excepción declarado a raíz del estallido social.