Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar la protección de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y otros 14 opositores nicaragüenses, la mayoría presos ante la situación de riesgo extremo que enfrentan a una semana de las elecciones en Nicaragua.

Los opositores están en prisión preventiva o arresto domiciliario en un contexto de escalamiento de la crisis en Nicaragua agudizada por el periodo electoral, que busca silenciarlos mediante represalias y enviar un mensaje de castigo a la oposición al gobierno de Daniel Ortega, indicó la CIDH en un comunicado.

Pese a que la CIDH –ente autónomo de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington– les otorgó medidas cautelares, no se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo.

Ante la falta de garantías, la CIDH solicitó al órgano judicial de la OEA, situado en San José, que ordene al Estado de Nicaragua ampliar las medidas provisionales aplicar medidas de protección en favor de las 15 personas identificadas y sus núcleos familiares.

Entre los opositores cobijados por el pedido se encuentran, además de Chamorro, los también aspirantes presidenciales Miguel Mora y Arturo Cruz, ambos presos.

Según la CIDH, estas personas se encuentran en situación de riesgo extremo y están expuestas a ser objeto de inminentes actos de violencia, así como quienes integran sus núcleos de familiares.

La justicia nicaragüense decidió en septiembre enjuiciar y poner prisión preventiva –conmutada a arresto domiciliario– a Chamorro, de 67 años, a quien investiga la fiscalía por presuntamente lavar bienes y activos mediante la fundación que lleva el nombre de su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro.

Chamorro negó los cargos que le imputa la fiscalía y atribuyó el caso a un interés del gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre.

Encuestas de opinión le daban el mayor apoyo ciudadano después del presidente Ortega, quien se postula para un cuarto mandato sucesivo.

Según el organismo, este año, de manera insólita, fueron detenidas arbitrariamente más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia.

La CIDH alertó también de ataques a medios de comunicación en Guatemala y llamó a respetar labor periodística.

En las semanas recientes, se recibieron reiterados reportes que advierten sobre el deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en Guatemala, se explicó en un comunicado.

Entre ellos, un suceso del pasado 22 de octubre, cuando al menos cuatro periodistas de Prensa Comunitaria fueron agredidos cuando informaban sobre las manifestaciones de la población Q’eqchi’ en el municipio de El Estor, que se encuentra en estado de sitio.