Quito. Campesinos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) bloquearon ayer carreteras en 10 de las 24 provincias del país, en el segundo día de protestas contra la política económica del gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien por la noche invitó al gremio a dialogar en el Palacio de Carondelet el próximo 10 de noviembre.

Los bloqueos en Pichincha –cuya capital es Quito– Imbabura, Cotopaxi, Carchi, Los Ríos y Guayas, impedían el paso de toda clase de vehículos, donde efectivos policiales se empeñaron en despejar las vías por momentos, aunque poco después los manifestantes retornaban a hacer lo mismo.

La poderosa y opositora Conaie decidió extender la protesta, impulsada principalmente por el alza en los precios de combustibles que desde 2020 acumula 90 por ciento. La primera jornada acabó con 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes –quienes se encuentran en buen estado–, según reportó el gobierno.

Un periodista y líder indígena murió de manera accidental ayer durante la cobertura de protestas en la andina de Cotopaxi (sur de Quito), informó la ONG Fundamedios, que también registra ocho agresiones contra la prensa en las manifestaciones.

La Conaie, que ha participado en revueltas que derrocaron a tres presidentes (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) entre 1997 y 2005, bloqueó con piedras, tierra, troncos y neumáticos en llamas varios puntos de la carretera Panamericana.

Militares y policías patrullaron las vías retirando los escombros; en Otón unos 20 camiones varados esperaban poder avanzar.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 también reportó bloqueos en las provincias de Imbabura, Bolívar, Chimborazo y la amazónica Pastaza.

El gobierno ha hecho pendejadas al subir a cada rato la gasolina, denunció Dennis Viteri, obrero textil, de 28 años.

Además de los cierres carreteros, que no han logrado paralizar la nación, antier hubo una marcha de indígenas, obreros, profesores y estudiantes en Quito, en la que se reportaron choques con la policía cerca de la sede del Ejecutivo.

Las fuerzas armadas y la policía garantizaron el control y el orden respetando las manifestaciones sin violencia. Hoy harán lo mismo y si mañana el desafío persiste, pues mantendremos el control, advirtió ayer Lasso en un acto militar en Quito, donde anunció, sin dar detalles, que prontó pedira al Congreso aprobar una ley que autorice el derribo de naves irregulares que no acepten las órdenes de la fuerza aérea ecuatoriana.

Las protestas se desarrollan en medio de un estado de excepción por 60 días decretado el 18 de octubre para combatir la criminalidad ligada al narcotráfico, tras un repunte de homicidios y matanzas carcelarias que este año dejan ya más de 2 mil muertos en el país.

El gobierno, que también enfrenta una crisis económica agravada por la pandemia del Covid-19, desplegó militares en las calles para apoyar a la policías en el combate a la violencia, sin suspender derechos como los de protesta y reunión.

El ex mandatario Lenín Moreno (2017-2021) eliminó en 2019 millonarios subsidios a los combustibles, medida atada a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para recibir préstamos.

La Conaie lideró entonces protestas que se saldaron con 11 muertos y obligaron a dar marcha atrás a Moreno, quien en mayo de 2020 estableció un mecanismo de alzas mensuales graduales de precios, según la cotización del petróleo.

Lasso matuvo ese mecanismo, hasta que el pasado fin de semana decretó aumentos de 12 por ciento en los combustibles, con lo que el diésel pasó de 1.69 a 1.90 dólares y la gasolina corriente de 2.50 a 2.55 dólares el galón.

La Conaie exige que el precio del galón de diésel baje a 1.50 y la gasolina a 2.10 dólares.

Los indígenas representan 7.4 por ciento de los 17.7 millones de habitantes, de acuerdo con el último censo de 2010, pero dirigentes de pueblos originario sostienen que son 25 por ciento.

Ecuador registra 47 por ciento de pobreza y miseria, 28 por ciento de subempleo y desempleo, una deuda externa de casi 46 mil millones de dólares y un déficit fiscal de 5 por ciento del PIB.