Entre noviembre de 2016 y septiembre de 2018, en las postrimerías del gobierno del presidente Enrique peña Nieto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó al menos 11 concesiones para la conservación y mantenimiento de carreteras federales, casi la mitad de ellas fueron parte de la estrategia de impulso a los proyectos de asociación público privada (APP) del gobierno federal, que se anunció en marzo de 2017.

Los contratos firmados por un plazo de una década implican una inversión por 24 mil 724 millones de pesos –en algunos casos incluso se contempla dinero público– y bajo este modelo la SCT, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se comprometió al pago de una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual.

En línea con lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de ayer, el titular del SICT, Jorge Arganis Díaz Leal, comentó este miércoles que se busca renegociar algunos de los contratos de mantenimiento carretero que se heredaron de la pasada administración, con el objetivo de canalizar el recurso a caminos libres de peaje.

Hay un programa de mantenimiento que heredamos del gobierno anterior en 11 estados, de APP, los cuales estamos revisando porque las condiciones fueron demasiado favorables para las empresas. explicó Arganis Díaz Leal, al comparecer ante diputados. Agregó que se está negociando con firmas privadas para que se siga dando el servicio, que lo hagan con calidad, al tiempo que se reducen el monto de contraprestación que implican estas concesiones.

El objetivo es ajustar estos compromisos, no cancelarlos, sino simplemente reducirlos, de tal suerte que podamos canalizar ese recurso a las carreteras y a los caminos rurales libres de peaje, dijo en la comparecencia con motivo de la glosa del tercer Informe de gobierno del presidente López Obrador.

Legado de Peña Nieto

De acuerdo con los datos públicos de la plataforma Proyectos México, hay al menos 11 programas de mantenimiento y conservación de tramos carreteros, en cinco de ellos se establece que fueron parte de la Estrategia de impulso a los proyectos de asociación público privada del gobierno federal, que se anunció el 9 de marzo de 2017, cuando Enrique Peña Nieto era presidente y Gerardo Ruiz Esparza titular de la SCT.

Entre los proyectos que directamente se vinculan al programa de impulso a las APP anunciado un año y medio antes de que acabara la pasada administración, el de mantenimiento y conservación del tramo Las Brisas-Los Mochis, en Sinaloa y Sonora, apenas emitió su convocatoria en 2019, pero cuatro más iniciaron su operación entre julio y septiembre de 2018.

En julio de 2018, comenzó el contrato para el mantenimiento y conservación del tramo Campeche-Mérida en los estados de Campeche y Yucatán. Las empresas que se hicieron de la concesión y sus socias fueron Calzada Construcciones, Construcciones y Dragados del Sureste, Construcciones Urales, Cointer Concesiones México, ICAPSA Infraestructura, Grupo HYCSA, Grupo Azvi e ICAPSA.

También en julio empezó el contrato del tramo Tampico-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, que fue otorgado a una de las empresas que sigue en el centro de la obra pública, dados sus contratos en el Tren Maya, la constructora Mota-Engil México. También esta concesión involucra a Construcciones y Mantenimiento Roca, Desarrollo y Construcciones Urbanas, Grupo Río San Juan y Grupo R Exploración Marina.

Dos meses después también inició la vigencia de las APP para el mantenimiento y conservación del tramo Arriaga-Tapachula, en Chiapas, que se dio a Impulsora de Desarrollo Integral, Gami Ingeniería e Instalaciones, Supra Construcciones, Constructora y Arrendadora Cañeros; así como el de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, en SLP, que tiene Omega Construcciones Industriales.