En un contexto en el que el flujo de migrantes en América del Norte se ha incrementado sustancialmente y las respuestas gubernamentales (de Estados Unidos, México y Guatemala) han generado que no quede ningún derecho por violar, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, sostuvo que la situación se ha desbordado de tal forma que estamos en el nivel de una crisis de lesa humanidad.

Durante una audiencia del organismo internacional, que prepara un informe sobre la situación de indocumentados en la región, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, condenó las deportaciones masivas realizadas desde Estados Unidos y México sin analizar las condiciones de riesgo que enfrentan las personas y sin atender los protocolos sanitarios.

Destacó que desde la aplicación del título 42 en el país de norte (expulsiones invocando razones de salud), entre marzo de 2020 y agosto de 2021 se han expulsado 845 mil migrantes en la frontera mexicana del norte. Estas devoluciones se han efectuado sin respetar las garantías de no devolución ni el derecho a pedir asilo, y por añadidura, los han mandado a lugares con altos niveles de inseguridad, además de que los albergues de organizaciones civiles para atender esta situación se encuentran saturados, pues su capacidad de respuesta está superada.

Julissa Mantilla, relatora para adultos mayores de la CIDH, quien condujo la audiencia, calificó la situación como una emergencia migratoria. Reconoció la complejidad de la coyuntura que se enfrenta en la región por la violación de garantías fundamentales, motivo por el cual sería necesario contar con mayor información de los ataques a migrantes, violaciones sexuales, embarazos forzados y el surgimiento de eventuales casos de xenofobia.

Fernández expresó preocupación por los vuelos acordados entre Estados Unidos y México para las deportaciones masivas. Recordó que los estados de la región han asumido compromisos para facilitar el retorno seguro y digno, de conformidad con las obligaciones del derecho internacional, así como para crear condiciones propicias de reintegración sostenible de los migrantes en sus países de origen.

Arosemena dijo que las cifras dan cuenta de que la situación está desbordada, si se le contrasta con la capacidad de respuesta de los gobiernos en el área; por ello, subrayó, es imperante convocar a que haya una respuesta regional para atender la situación.