En lo que va del actual sexenio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 757 denuncias penales ante diversas fiscalías estatales por presuntos delitos ligados a la corrupción de funcionarios.

La dependencia da seguimiento y coadyuva, por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, con el Ministerio Público en 315 carpetas de investigación, incluidas las pendientes de gobiernos anteriores. Sin embargo, no aclaró la cantidad de denuncias ni las personas bajo investigación en cada periodo.

De acuerdo con datos difundidos ayer, entre el 1º de diciembre de 2018 y octubre de este año, tan sólo la unidad jurídica presentó 198 querellas penales contra 341 servidores públicos.

De ese total, 114 son por enriquecimiento ilícito, 34 por uso ilegal de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio indebido del servicio público, 10 por peculado, cinco por falsificación de documento y 14 por otros delitos.

En la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República están radicadas 165 de las 198 querellas.

Además, la SFP agregó que por medio de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. se han presentado 559 denuncias más, la mayoría por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilegal de atribuciones y facultades, así como cohecho y peculado.

La dependencia detalló que durante la actual administración ha impuesto 8 mil 228 sanciones a 7 mil 34 servidores públicos por conductas que constituyen faltas administrativas.

De acuerdo con el registro de servidores públicos sancionados, las penas que se han impuesto se dividen en amonestación privada (mil 126) y pública (mil 321); destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).

Asimismo, en lo que va de este sexenio la SFP, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas graves cometidas por servidores públicos, el cual deberá emitir la sanción correspondiente, por lo que 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por el órgano interno de control y de las unidades de responsabilidades.