El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons Gómez, reveló en el Senado que el costo del Tren Maya se incrementó 60 mil millones de pesos. El costo inicial era de 140 mil millones de pesos y se va a casi 200 mil millones. La tasa de retorno rondará entre 12 o 14 por ciento y se busca que su rentabilidad sea obtenida sobre todo por el turismo y la movilización de carga en toda la región de la península de Yucatán.

Informó que a la fecha 327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos y se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos. Sin embargo, aseguró que espera que ello no afecte el inicio de operaciones del Tren Maya.

Al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Jiménez Pons Gómez, expresó a los legisladores que de acuerdo con un estudio de ONU Hábitat, el Tren Maya impactará positivamente en la población de la zona sur-sureste del país porque habrá inmigración, se detonará el gasto turístico, se incrementarán las fuentes de empleo, ayudará a combatir la pobreza y contribuirá a la diversificación productiva.

Entrevistado al concluir su comparecencia, el funcionario señaló que atrás de esos amparos están organizaciones como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) e Indignación, grupos que no nos quieren. Es obvio que está la extrema derecha en la zona. Hay grupos mucho muy conservadores y tienen todo el derecho en una democracia a manifestarse e interponer las cosas que les permita la ley, pero es cosa de seguir los procesos de la democracia”, aunque aseguró que más de 80 por ciento de las comunidades están de acuerdo con el proyecto.

El funcionario compareció como parte de la glosa del tercer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su exposición reiteró que este proyecto busca impulsar el desarrollo de la región respetando el derecho de los pueblos originarios, la salvaguarda del medio ambiente, la protección del patrimonio arqueológico y cultural, aparejado con un proceso de ordenamiento territorial en las zonas aledañas.

A los senadores les recordó que el Tren Maya pasará por cinco estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Contará con 21 estaciones y 17 paraderos, y prestará tres tipos de servicios: pasajeros locales, turistas y carga y recorrerá una ruta de mil 554 kilómetros.

En cuanto al empleo habrá una detonación de 750 mil nuevos empleos formales en municipios con estaciones, las cuales serán un factor importante de crecimiento, así como 150 mil empleos rurales. Nuevos empleos previstos en la industria de alimentos, en 10 años más de un millón de empleos se podrán plantear creados a partir del Tren Maya, sostuvo ante senadores.

También, señaló, esta obra tendrá un impacto en el bienestar, pues representa una articulación del territorio. Con el Tren Maya en 2030 se estima que 200 mil personas superen la línea de bienestar. Disminuirá 27 por ciento la población con carencias económicas en la zona de impacto del proyecto”.

Jiménez Pons Gómez descartó afectaciones ambientales por el desarrollo del proyecto, pues se están preservando las selvas y las reservas naturales y está el compromiso de arreglar y mejorar 15 zonas arqueológicas que están asentadas sobre la ruta del Tren Maya .

No descartó que el Tren Maya en el futuro funcione con hidrógeno verde, para reducir la emisión de contaminantes. Por ahora, subrayó, se tiene previsto el uso de diésel ligero, que se habrá de importar.